Sánchez Gordillo declara este lunes como imputado ante el TSJA por la ocupación de Las Turquillas

Sánchez Gordillo declara este lunes como imputado ante el TSJA por la ocupación de Las Turquillas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar como imputado este lunes día 29 de abril al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, según ya informaron a Europa Press fuentes judiciales.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar como imputado este lunes día 29 de abril al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, según ya informaron a Europa Press fuentes judiciales.

La declaración de Sánchez Gordillo estaba prevista inicialmente para el pasado día 4 de abril, pero fue suspendida hasta este lunes después de que lo pidiera el propio imputado, quien alegó desconocer la documentación al respecto y la acusación concreta que se le atribuye por este caso.

Inicialmente, se le atribuyen un delito de daños y otro de usurpación, según ya indicó el abogado del parlamentario, Antonio Folgoso, que señaló que la declaración de este lunes ha sido fijada a las 12,00 horas, con tiempo suficiente para que pueda prepararse la defensa tras analizar el expediente al respecto.

En declaraciones a los periodistas el pasado día 4 de abril, Sánchez Gordillo consideró "exagerada" la acusación puesto que, según dijo, la ocupación de la finca fue una protesta "pacífica" y un acto "de no violencia activa" que se desarrolló sin ningún incidente.

Además, reivindicó el destino de 'Las Turquillas' para cooperativas o los ayuntamientos, puesto que, según recordó, se trata de una finca para la yeguada militar del ejército y dependiente del Ministerio de Defensa de 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría de tierra "baldía", cuando en la Sierra Sur de Sevilla los índices de paro llegan al "40 por ciento".

Sánchez gordillo: "¿

Qué íbamos a usurpar nosotros?"

"¿Qué íbamos a usurpar nosotros en esa finca con nuestras manos limpias?", se preguntó el parlamentario, que confió en que esa "tierra pública pase un día a manos de los trabajadores o los ayuntamientos". De hecho, se mostró partidario a seguir "señalando con el dedo" a aquellos propietarios que poseen fincas "con un mal uso" y luchar así por la "utopía" de lograr algún día conseguir plenos derechos en vivienda o acceso al trabajo.

"Esa batalla algún día la tendremos que ganar en Andalucía", mantuvo Sánchez Gordillo, que censuró la "contradicción social" de que en la Comunidad Autónoma andaluza "el 2 por ciento de los propietarios posean el 50 por ciento de las tierras".

La causa contra Sánchez Gordillo y otros 53 militantes y simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre los que se encuentra su secretario general, Diego Cañamero, la llevaba el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna, pero éste se inhibió en favor del TSJA dada la condición de aforado del alcalde de Marinaleda.

Ocuparon la finca durante 18 DÍAS

Los 53 militantes del SAT denunciados, junto al parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, ocuparon la finca de Las Turquillas el pasado día 24 de julio y permanecieron allí durante 18 días, hasta que fueron desalojados del lugar.

El SAT ya apuntó que la finca, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría en baldío, dado que el Ejército sólo utiliza 20 hectáreas para la Yeguada. Por ello, pidió que "las tierras públicas pasen a concurso para que las cooperativas las puedan adquirir ahora que están en desuso".

Hay que recordar que, por medio de un auto conocido el pasado mes de febrero, el TSJA archivó una causa abierta contra Sánchez Gordillo a raíz de su actuación como piquete informativo durante la huelga general del día 29 de marzo de 2012, mientras que, en relación también a su actuación como piquete, derivó una segunda causa al Juzgado de Estepa por la posible existencia de una infracción penal calificada como falta de amenazas leves, para cuyo conocimiento no es competente el TSJA.

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