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Sostres asegura que el expediente demuestra que Defensa es "cómplice" del "pelotazo" en los terrenos de Santa Bárbara

El Diputado de FORO en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, ha acusado este sábado al Ministerio de Defensa de ser "cómplice" del "pelotazo" que a su juicio se está dando en los terrenos de la fábrica de armas de La Vega (Oviedo), recientemente clausurada, tras el traslado de su producción a la planta de Trubia (también en el concejo de Oviedo).

El Diputado de FORO en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, ha acusado este sábado al Ministerio de Defensa de ser "cómplice" del "pelotazo" que a su juicio se está dando en los terrenos de la fábrica de armas de La Vega (Oviedo), recientemente clausurada, tras el traslado de su producción a la planta de Trubia (también en el concejo de Oviedo).

En una nota de prensa, Sostres ha asegurado que el expediente administrativo de la operación refleja que la posibilidad de devolución de los terrenos al Estado ya se contemplaba en la renovación del convenio de cesión, en el año 2011.

Sobres, quien solicitó dicho expediente al Ministerio de Defensa, entiende que el documento "demuestra la pasiva complicidad y el engaño del Ministerio de Defensa, porque ya había tramado con Santa Bárbara, un año antes, la recuperación del terreno". "Los temores acerca del pelotazo urbanístico en La Vega, más allá de la titularidad de los terrenos, se ven documentados con el expediente remitido por el Congreso, que los confirma", asegura Sostres.

El informe, facilitado por el Ministerio de Defensa, está constituido, según Sostres, por la solicitud de la empresa, el proyecto, la autorización e informes que, como el de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, carecen de contenido alguno, toda vez que se limitan a expresar conformidad sin aportar motivación alguna, al igual que hace la Dirección General de Armamento y Material en su Resolución núm. 323/04.22/2012 6.778 otorgando a Santa Bárbara la autorización a la modificación sustancial de las instalaciones de la Fábrica de Armas de Guerra de Trubia.

Así, con fecha 22 de julio de 2011, Santa Bárbara y el Ministerio de Defensa suscribieron un Acuerdo de Renovación del Acuerdo de 25 de julio de 2001 sobre la cesión de uso y explotación a favor de la primera de una serie de instalaciones fabriles de titularidad estatal y afectadas al dominio público gestionado por el Ministerio. "Ese mismo día el Ministerio otorgó a Santa Bárbara una concesión demanial en cuyo pliego de condiciones, en su cláusula quinta, apartado tercero, ya se contemplaba que Santa Bárbara podía proceder a la devolución al Ministerio de uno o varios IFEC (Instalaciones, Fábricas, Establecimientos y Centros) de los citados en la cláusula primera del pliego entre los que figuraba la Fábrica de Armas de Guerra de Oviedo", explica el diputado de Foro.

"En consecuencia, tal parece -recuerda Sostres- que el camino para el posible cierre de la Fábrica de Oviedo se inició no el 11 abril de 2012, cuando Santa Bárbara solicitó la autorización que nos ocupa, sino el 22 de julio de 2011, a raíz de la renovación del Acuerdo de 2001 y del otorgamiento de una concesión demanial con semejante previsión a favor de la empresa", ha añadido.

El diputado destaca, asimismo, que "el mantenimiento del empleo en Asturias, garantizado por la empresa en el Plan de Integración de las dos fábricas de Armas, fue una trampa para conseguir el traslado pacífico a Trubia. Las cuestiones del personal ni se citan y, por tanto, las consecuencias en coste laboral están asumidas inmoralmente, como factura necesaria de la operación".

Recuerda, además, que el Plan de Integración presentado entonces por la empresa al Principado de Asturias y a los sindicatos se realizó con la garantía del mantenimiento del empleo en la región y como una necesidad para la continuidad de Santa Bárbara en Asturias, aumentando su competitividad. "Se argumentó para ello la difícil situación económica y los recortes del Ministerio de Defensa, su principal cliente desde la privatización de las antiguas factorías estatales en 2001", añade Sostres, que explica que "ello supuso el cierre de la actividad en La Vega, trasladando sus líneas de producción y trabajadores a Trubia 'como una medida de ahorro'.

"Meses después de culminar el proceso de integración es cuando nos encontramos con lo que era una evidencia desde su inicio: la compañía anuncia un expediente de regulación de empleo (ERE) para todo el grupo empresarial, y el Ministerio de Defensa del Gobierno de la nación no adoptó ninguna cautela para proteger los intereses de los trabajadores asturianos y garantizar el mantenimiento del empleo", destaca el diputado de FORO.

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