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CC pide convocar una cumbre de Gobierno y comunidades para analizar distintas medidas contra desahucios

La Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria quiere que el Senado inste al Gobierno a analizar, junto con las comunidades autónomas, las medidas antidesahucios que están aprobando algunos ejecutivos regionales como el andaluz, el catalán o el canario, y que cree un registro de vivienda pública protegida vacía para poder dar una respuesta a las necesidades de las familias que se quedan sin techo tras una ejecución hipotecaria.

La Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria quiere que el Senado inste al Gobierno a analizar, junto con las comunidades autónomas, las medidas antidesahucios que están aprobando algunos ejecutivos regionales como el andaluz, el catalán o el canario, y que cree un registro de vivienda pública protegida vacía para poder dar una respuesta a las necesidades de las familias que se quedan sin techo tras una ejecución hipotecaria.

Así consta en una moción presentada por el senador Narvay Quintero en la Cámara Alta como consecuencia de una interpelación realizada a la ministra de Fomento, Ana Pastor, hace unos días, texto que recoge Europa Press y que será debatido y votado en el Senado en la sesión plenaria que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo.

En su propuesta, Quintero se hace eco del informe del Defensor del Pueblo sobre 'Viviendas protegidas vacías', que cifra en más de 10.100 los pisos de VPP que están desocupados y disponibles para entrar a vivir en todo el país. A estas viviendas habría que sumar las del sector privado que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), superan los 3,44 millones aunque "el baile de números" es bastante grande.

"En definitiva, un parque integrado por millones de viviendas vacías en una etapa en la que 30.000 familias son desahuciadas de sus viviendas al año", lamenta el senador canario, para quien el "raquítico" proyecto de ley de Protección de Deudores Hipotecarios que se tramita en el Senado tras la "amputación" sufrida por la iniciativa legislativa popular de dación en pago no dará una respuesta suficiente a este problema.

Las comunidades y europa sí buscan soluciones

Según Narvay Quintero también "contrasta la tibieza del Gobierno con los pasos que se están dando en algunas comunidades autónomas y en las instituciones comunitarias" para encontrar posibles vías de solución. En este punto, menciona los decretos de Andalucía o Canarias, que permiten la expropiación temporal del uso de viviendas vacías en manos de los bancos; o la decisión de la Generalitat de Catalunya de gravar las viviendas desocupadas.

"Medidas que son equiparables a algunas que ya se aplican en países de la UE", recuerda en senador, citando también la directiva acordada esta semana para créditos hipotecarios, que "garantiza condiciones más favorables para los prestatarios en casos de pago anticipado y de ejecución hipotecaria, y que contempla la opción de la dación en pago", con la vista puesta en "acabar con los excesos y promover prácticas de préstamo más responsables".

Por todo ello, el parlamentario canario exige al Gobierno que convoque urgentemente la Conferencia Sectorial de Vivienda para "analizar las propuestas" que están planteando las comunidades autónomas para las viviendas vacías, sobre todo las que están en manos de las entidades financieras; y que aproveche la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios en el Senado para "incluir las directrices de la directiva comunitaria sobre créditos hipotecarios" y corrija las deficiencias detectadas por el Tribunal de Luxemburgo con respecto a los derechos del consumidor en la Ley Hipotecaria.

Registro de viviendas vacías

En otro orden de cosas, Quintero recuerda que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también ha recomendado a las administraciones públicas que creen o mejoren los registros de VPP, que aumenten su coordinación y colaboración, que perfeccionen los servicios de inspección en la materia y que mejoren los procedimientos de adjudicación, favoreciendo el alquiler a precios accesibles frente a la venta de este tipo de pisos.

Por eso, en la moción incluye la petición de que la Administración central cree, junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un registro con toda la información sobre vivienda pública protegida, especificando cuáles están vacías para poder "articular un mecanismo que permita que sean habitadas a la mayor brevedad posible por las familias que más lo necesiten".

De momento, el Gobierno sí ha anunciado que llevará a cabo una estadística trimestral sobre ejecuciones hipotecarias para contar con datos más exactos sobre cuántas afectan a primeras viviendas, ante la ausencia de informaciones detalladas y desagregadas a este respecto. Sin embargo, esta estadística no se publicará hasta 2014.

Hasta la fecha, los datos con los que se cuentan para conocer la evolución de los desahucios son los que provienen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no distingue entre ejecuciones hipotecarias en primeras viviendas, viviendas vacacionales, locales de negocio o naves industriales, lo que plantea dificultades a la hora de abordar la cuestión de los desahucios.

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