La Policía Nacional dejó este jueves en libertad a uno de los tres empresarios detenidos este miércoles por agentes del Grupo de Delincuencia Económica investigados por llevar a cabo como soborno instalaciones de jardines en fincas de exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM) y entonces responsables del Consell de Mallorca, arrestos que han tenido lugar en el marco de una nueva investigación que ha sido bautizada con el nombre de Operación Garden.

Así lo han informado a Europa Press fuentes policiales que han señalado que aún permanecen en los calabozos de la Policía Nacional dos de los empresarios, dado que aún no han concluido las diligencias.

Por su parte, fuentes del caso han precisado que se trata de unas nuevas pesquisas desarrolladas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en la que se indaga un presunto desvío de fondos públicos desde la Institución insular a la UTE que llevó a cabo los anteriores trabajos haciendo uso del dinero presuntamente defraudado, en concreto durante los años 2006 y 2007, época en la que el Consell estaba presidido por Maria Antònia Munar.

Durante los últimos días se ha tomado declaración a numerosos imputados, entre los que se encuentran excargos de la extinta formación regionalista y más en concreto de la Conselleria de Obras Públicas, entonces dirigida por Antoni Pascual, mientras que este jueves se ha procedido a arrestar a los tres empresarios, que están vinculados a dos de las tres mercantiles que integraban la UTE investigada y que estaba relacionada con el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.

Según las nuevas investigaciones, que constituyen un fleco del denominado caso Peaje, en lugar de abonar comisiones en efectivo, los empresarios montaban jardines en las viviendas y trasladaban camiones cargados con tierra de jardín a los exresponsables del Consell vinculados a esta supuesta trama.

Cabe recordar que el caso Peaje, en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, se inició a raíz de la querella que interpuso el Ministerio Público contra 16 exaltos cargos del Consell y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).

Los imputados podrían haber incurrido, según los investigadores, en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.