La Audiencia Provincial de Sevilla acogerá este viernes la constitución del jurado popular encargado de enjuiciar a un joven acusado de degollar a su novia tras propinarle una paliza en la vivienda que ambos compartían en la localidad de Estepa, hechos por los que la Fiscalía le pide 21 años de cárcel.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, una vez se constituya el jurado popular, el juicio no comenzará hasta el día 6 de mayo con la declaración del acusado, Miguel Ángel R.P., para quien el fiscal solicita 18 años de prisión por un delito de asesinato y otros tres años de cárcel por un delito de robo en casa habitada, así como el pago de una indemnización de 163.472,9 euros a los padres de la víctima.

Según el fiscal, los hechos tuvieron lugar sobre las 00,45 horas del día 14 de abril de 2012 en la vivienda que ambos compartían en la calle Granados de Estepa, cuando la pareja comenzó a discutir y, en un momento dado, el procesado, de 21 años de edad, la golpeó en seis ocasiones hasta que la víctima cayó al suelo, golpeándose y quedando inconsciente.

El acusado "aprovechó" esta "imposibilidad mínima de defensa" por parte de su novia para colocarse detrás de ella y levantarle la cabeza "para asegurar la exposición del cuello", momento en el que le realizó con un cuchillo una herida cortante profunda que alcanzó el plano óseo, un degüello que le provocó una hemorragia masiva aguda y que le causó la muerte.

Tras anudarle un trozo de cable en el cuello, lo cual no influyó en el fallecimiento de su novia, el imputado se apoderó de su teléfono móvil y de las llaves que Ana María tenía en su bolso y que pertenecían al domicilio de sus padres, para a continuación abandonar el cuerpo sin vida y llamar a los padres de la fallecida "haciéndoles creer que su hija pretendía suicidarse tomando un bote de pastillas".

El acusado intentó suicidarse tirándose por un precipicio

De este modo, el acusado los citó en una rotonda cercana a una gasolinera de Gilena, lo que motivó que los padres de la víctima se dirigieran hacia allí para auxiliar a su hija, lo que fue aprovechado por el imputado para acceder al interior de la vivienda de sus progenitores y, "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", apoderarse de diversas joyas tasadas pericialmente en 1.210 euros.

Una vez consiguió las joyas, se deshizo de algunas de ellas a cambio de dos dosis de cocaína, abandonando el resto de efectos sustraídos, junto con las llaves de su vivienda y las del domicilio de los padres de Ana María, en una gasolinera de Estepa. Tras ello, intentó quitarse la vida arrojándose por un precipicio, no logrando su propósito pero sufriendo lesiones que requirieron su hospitalización.