Los sindicatos más representativos de la Administración de Justicia —STAJ, CSIF, UGT, SPJ-USO y CCOO— han convocado para este viernes concentraciones de funcionarios del sector en el conjunto de España que, en el caso de Andalucía, se celebrarán de forma simultánea ante las sedes de los registros civiles de las ocho capitales de provincia, Jerez de la Frontera y Algeciras (Cádiz), para rechazar las reformas impulsadas "de manera unilateral" por el Ministerio de Justicia.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes sindicales, que han indicado que las concentraciones se celebrarán entre las 11,30 y las 12,30 horas en las citadas localidades andaluzas.

Aunque "mayoritariamente" las concentraciones se celebrarán ante los registros civiles, los sindicatos han querido dejar claro que el único motivo que les ha llevado a convocar estas concentraciones no es la "privatización" del servicio que prestan esas oficinas que, según estas organizaciones, quiere aplicar el ministro Alberto Ruiz Gallardón, a quien culpan de "poner en grave riesgo el empleo público y el acceso gratuito de los ciudadanos a la Justicia".

"No es sólo la privatización del Registro Civil, es mucho más", han recalcado los citados sindicatos en una nota conjunta, en la que, no obstante, han hecho hincapié en criticar la "pretensión" de Gallardón de "entregar a los registradores de la propiedad y mercantiles" la gestión de estos servicios, una idea que, según han indicado, "ha sido rechazada, incluso por éstos, en la asamblea que celebraron en Zaragoza hace una semana".

Según las estimaciones sindicales, la privatización de los registros civiles puede conllevar la pérdida de "más de 3.500 puestos de trabajo" en la plantilla de la Administración de Justicia, "personal que ha venido desempeñando con la máxima profesionalidad, especialización y dedicación las tareas del registro civil".

Efectos de la "privatización"

Además, los sindicatos han alertado de que, de aprobarse dicha medida, "los usuarios deberán pagar por este servicio público universal doblemente, a través de sus impuestos y directamente". Así, tendrán que abonar "por los certificados, expedientes, por el ejercicio de los derechos fundamentales —matrimonio, nacionalidad, derecho al nombre como parte del derecho a la personalidad— y, en muchos casos, pagar dos veces, al notario y al registrador de turno".

De igual modo, han señalado que la privatización de los registros civiles supondría "entregar a la gestión privada decenas de datos íntimos de millones de personas, vulnerando su derecho a la privacidad".

Junto a todo ello, los sindicatos rechazan que se quiera "privatizar la ejecución de los procedimientos, entregándola a los procuradores, a quienes pretende otorgar el carácter de agentes de la autoridad", así como "suprimir los Juzgados de Paz y partidos judiciales, y dejar juzgados sólo en las capitales, cargándolos de competencias pero sin incrementar su personal".

Las organizaciones sindicales también han justificado la convocatoria de concentraciones por la aprobación de las tasas judiciales, que "limitan el acceso gratuito a la justicia a todos los ciudadanos", así como por los planes del Gobierno de "retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años.

De aprobarse, todas estas reformas, argumentan, "llevarán necesariamente a una peligrosa pérdida de empleo público, de puestos de trabajo" que ahora ocupan unos funcionarios que "desde el año 2010 han perdido buena parte de sus retribuciones y derechos" y a quienes se les ha impuesto "la movilidad geográfica obligatoria para supuestos excepcionales".

Por último, han criticado que desde hace dos años "no se crean nuevos órganos judiciales", que no hubiera "oferta de empleo público para Justicia en el 2012", y que la de 2013 sea "casi inexistente".