El exabogado del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y vocal de numerosas sociedades municipales en el momento de su constitución Antonio Abril ha asegurado este jueves que José Luis Sierra, letrado y mano derecha del exalcalde marbellí Jesús Gil y Gil le elaboró el "sistema de sociedades", algunas de ellas "inactivas", que presuntamente se utilizaron para desviar los caudales públicos del Consistorio.

"Él las hizo todas. Todo lo preparó y lo elaboró él. Luego, el seguimiento no sé quien lo haría". Así lo ha asegurado Antonio Abril durante su declaración en la sexta jornada del juicio por el denominado caso 'Saqueo II', derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999 en el Ayuntamiento de Marbella.

Abril ha sostenido que fue José Luis Sierra quien "confeccionó todos los objetos sociales" de las sociedades municipales y ha agregado que, en su opinión, "serían los mismos" para todas ellas. Además, ha afirmado que algunas de las numerosas sociedades, en las que consta como vocal en el momento de la constitución, son "inactivas". "No me consta que hayan hecho nada", ha declarado respecto a Nortia 2.000 y Plan Las Albarizas S.L.

Al ser preguntado sobre si conocía como se financiaban las sociedades municipales, ha contestado que "claro que lo sabía" y ha añadido que supone que a través del propio Ayuntamiento, "como así se dispuso" en Pleno municipal. Así, ha sostenido que no participó en "ninguna" reunión del consejo de administración de dichas empresas, en los que se nombraran comisiones gestoras. "Yo no he participado en ninguna actividad de las sociedades", ha remarcado.

Abril ha explicado a la sala que comenzó a trabajar como asesor jurídico en 1991 para la sociedad Contratas 2.000 y de 1992 a 1993 para el Consistorio marbellí, momento en que empieza a trabajar para la empresa municipal Planeamiento 2.000, por petición expresa de Gil, como asesor externo "sin relación contractual continua".

La Fiscalía pide para Antonio Abril una pena de cárcel de nueve años y seis meses por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos y por un delito continuado contra la Seguridad Social.

El sueldo de los concejales

Por su parte, el que fuera administrador de la sociedad municipal Control de Limpieza, Abastecimiento y Suministros 2.000 y concejal del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1997 José Marino Pomares Villar ha afirmado que Gil no dijo que los ediles iban a "renunciar" a su sueldo "por el mero hecho de ser concejales".

"Todos mis compañeros están hablando de que recibieron su sueldo por su función de concejal. Yo quiero explicarle. Cuando el señor Gil dijo que sus concejales no iban a cobrar por ser concejales, no se refería a que los concejales íbamos a renunciar a nuestro sueldo por el mero hecho de ser concejales", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que "lo que el señor Gil quiso decir es que al margen de ser concejal, no iban a cobrar si no trabajaban". "Por ejemplo, yo me podía haber limitado a ir una vez al mes a levantar la mano y cobrar el sueldo, pero Gil no me hubiera pagado. Yo iba a trabajar todos los días y todas las semanas a una empresa municipal y de eso recibía mi sueldo, íntegramente, en mi caso, por ser trabajador de una sociedad municipal", ha precisado.

Pomares Villar ha asegurado que en el caso de sus "compañeros, exactamente igual". "Su trabajo que ejercían como concejal lo iban complementando con los trabajos que hacían en las sociedades municipales y por eso cobraban", ha insistido.

Asimismo, ha relatado que trabajó de concejal desde 1991 a 1997, momento en que dimitió al estar "un poco cansado de la política", y que no fue responsable de ninguna concejalía. Sin embargo, sí fue "ayudante" en la sociedad Control Limpiezas 2.000 desde 1991 y hasta 1993, cuando fue nombrado gerente de la empresa.

Como gerente de Control de Limpiezas 2.000, ha asegurado que era "responsable absolutamente de todo" y que sabía que la empresa municipal era "perfectamente limpia". Pomares Villar ha indicado que presentaba la empresa tenía "siempre" problemas de liquidez y ha reconocido que sabía que "no se estaban pagando las cuotas a la Seguridad Social", aunque ha añadido que él "muchas veces" reclamó el dinero para poder hacer frente a dichos pagos.

El reproche de guevara

En relación a la financiación de Control Limpiezas 2.000, ha indicado que cree que los fondos venían únicamente del Ayuntamiento de Marbella y "nunca" de otras empresas o sociedades municipales. En ese momento, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le ha recriminado su manera de responder a la fiscal Belén Suárez. "No permito que se dirija así al Ministerio Fiscal, pero menos que no me haga usted caso. Aquí está con todos sus derechos y con todo el respeto que le debe el tribunal como imputado, como acusado. Se acabó", ha enfatizado Guevara.

Sobre su papel en la sociedad Residuos Sólidos Urbanos, de la que fue "secretario durante un año y medio", ha asegurado que "nunca" recibió una retribución de dicha empresa y que tampoco tuvo poderes solidarios de gestión de la misma. Además, ha confirmado que asistió a reuniones con otros concejales, celebradas tanto en el Club Financiero como en el Ayuntamiento "para engranar las diferentes delegaciones". "Nos reuníamos muchos y muchas veces, pero no me pregunte usted para qué", ha subrayado.

El Ministerio Fiscal solicita para Pomares Villar una pena de cárcel de seis años y seis meses por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como una condena de dos años y seis meses de prisión por la comisión de un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En último lugar ha prestado declaración esta mañana José Luis Fernández Garrosa, edil del Ayuntamiento de Marbella entre 1995 y 2006. Durante dicho periodo, el acusado ha detallado que fue concejal delegado de Turismo, de Deportes y de Personal en el Consistorio marbellí y que, durante la primera legislatura, cobró de una sociedad municipal y que en 1999 facturaba al Ayuntamiento como "trabajador por cuenta ajena".

También ha asegurado que no tuvo "ninguna" relación con otras sociedades que no fueran aquella por la que percibía su sueldo. Fernández Garrosa está acusado de cobrar 172.662 pesetas a través de su esposa María Luisa Rubio, que trabajaba en la sociedad Control de Servicios Locales S.L. El Fiscal pide para él tres años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos.