El parlamentario del Grupo Popular en la Cámara andaluza Rafael Ruiz Canto ha criticado este jueves el "coste" que, en su opinión, están generando para los andaluces los "continuos varapalos judiciales" que está recibiendo la Administración regional al regirse, a su juicio, por el "amiguismo" en materia de contratación en el sector público, unas afirmaciones que la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha rebatido aludiendo a tres recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) que, según ha destacado, "se alinea con las tesis" que ha defendido la Junta en el proceso de reordenación del sector público andaluz.

El parlamentario 'popular' se ha pronunciado de esta manera a raíz de una última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, según ha informado, vuelve a dar un "varapalo" a la Consejería de Hacienda, a la que ha criticado por "pretender convertir sus servicios en agencias administrativas pero obviando a las organizaciones sindicales que no son amigas", algo que, en su opinión, "ya es habitual".

Por ello, Ruiz Canto ha urgido a Aguayo a "cuantificar el coste" que, "para los andaluces", están teniendo esos fallos judiciales, así como "cuánto dinero público ha malgastado y cuánto ha perdido por el camino", al tiempo que ha calificado de "absurdo e inaceptable" que la Junta "siga en esa tesitura" y genere "inseguridad jurídica".

Para el representante del Grupo Popular, el Ejecutivo andaluz, al que se ha referido como "Gobierno de perdedores unidos, sociedad anónima", debe "poner orden de una vez en los asuntos de interés general" y "asumir la responsabilidad del amiguismo" y de su "incapacidad para gobernar a los andaluces", que se plasma, a su juicio, en "titulares negativos para Andalucía" que aparecen "todos los días" en los medios de comunicación indicando que "algunos de los suyos han hecho el egipcio".

Respuesta de aguayo

Por su parte, la consejera Aguayo ha confirmado que si la sentencia del TSJA a la que ha aludido Ruiz Canto, que está recurrida, deviene firme, el Ejecutivo andaluz la aplicará, si bien ha subrayado que de los "113 pronunciamientos judiciales" que se han dictado en los últimos años sobre la reordenación del sector público, "60 han sido a favor" del proceso.

Entre ellos se sitúan, según ha subrayado, las tres referidas sentencias del TS que "ponen de manifiesto que no hay causas de inconstitucionalidad" en las medidas adoptadas y que éstas, además, "no lesionan el derecho de promoción de ningún profesional".

"Las sentencias del TS se avienen a las tesis que viene defendiendo la Junta, que viene legislando para los andaluces", ha apostillado para concluir la consejera de Hacienda y Administración Pública.