La Comisión de Educación y Deporte del Congreso aprobó este miércoles el informe de la ponencia del proyecto de Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, que continuará su tramitación parlamentaria en el pleno de la cámara el próximo 9 de mayo.

Tras la votación de las enmiendas de los grupos -Mixto, Vasco, UPyD, La Izquierda Plural, CiU y Socialista-, el informe recibió el visto bueno con 38 votos a favor, uno en contra -Grupo Mixto- y una abstención -Grupo Vasco-.

"Es importante dejar a España libre de toda sospecha y que desaparezca la imagen de escasa contundencia. Se trata de adaptar la legislación española a las fórmulas del Código Mundial Antidopaje y buscar el modo de hacerlo con el acuerdo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)", defendió la diputada popular Miriam Blasco.

La campeona olímpica de judo en Barcelona 92 indicó que el proyecto de ley cuenta con el visto bueno de la AMA y lo consideró "necesario para la candidatura de Madrid 2020" y para las próximas competiciones internacionales que organizará España.

"Consideramos que la ley es respetuosa con las comunidades autónomas, reconoce expresamente sus competencias y no las vulnera. Hemos intentado que sea una ley de todos, no sólo del Gobierno. Debe garantizar que los deportistas compitan en las mismas condiciones jurídicas y que España pueda acoger competiciones internacionales", añadió.

Blasco justificó también la creación del Tribunal de Arbitraje del Deporte -en sustitución del Comité Español de Disciplina Deportiva-, que incluirá a la Junta de Garantías Electorales y tendrá una sección de dopaje, como órgano "independiente" ante las dudas expresadas por Manuel Pezzi, portavoz socialista.

Pezzi recordó que tras la entrada en vigor del Código Mundial Antidopaje, en enero de 2009, el anterior ejecutivo elaboró una proposición de ley para adaptar la normativa española, que no ha sido tenida en cuenta por los populares. "Si se hubiera tramitado, la ley estaría en vigor desde hace quince meses", comentó.

Según dijo, la norma "es un paso más para que Madrid logre los Juegos de 2020" y fue muy crítico con la directora de la Agencia Estatal Antidopaje, Ana Muñoz, por asegurar que "cientos de controles estaban mal hechos en España". "Una declaración así debería haber provocado la dimisión o el cese", añadió.

El portavoz del Grupo Mixto, Joan Tardá, confió en poder incluir aún alguna de las enmiendas no aceptadas; cuestionó el carácter orgánico de la ley e insistió en que ésta "debe delimitar su ámbito de aplicación", sin vulnerar las competencias de las comunidades autónomas sobre deporte, salud y fomento de práctica deportiva".

"No estamos en contra de que Madrid sea candidata a celebrar los Juegos, lo celebraríamos como si fuéramos madrileños. Que nadie crea que detrás de esta crítica pretendemos mancillar alguna cosa, pero no vale que con esta ley se intente arañar competencias estatutarias que no son exclusivas de Cataluña", afirmó.

En representación de CiU, la diputada Montserrat Surroca consideró que la regulación "llega tarde" y, aunque dijo que su grupo comparte "la necesidad de abordar esta normativa", lamentó que el proyecto de ley "haya tenido que tramitarse por urgencia cuando merecía un trámite más sosegado".

"Pediríamos que se clarificara el ámbito de aplicación subjetivo de la norma, porque puede dar lugar a vulneración de competencias de las comunidades autónomas", afirmó tras reclamar que éstas formen parte del "órgano colegiado de dirección" de la Agencia Antidopaje.

La portavoz del grupo Vasco, Isabel Sanchez, anunció su abstención al considerar que la ley "invade las competencias autonómicas", mientras Toni Cantó (UPyD) y Ricardo Sixto (La Izquierda Plural) la respaldaron, aunque el primero sugirió que se aclare "de qué ministerio va a depender" dicha agencia y el segundo recordó que no todos los grupos están a favor de Madrid 2020.