La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha programado para las 16,30 horas de este jueves 25 de abril una reunión con responsables nacionales de cinco colectivos ecologistas con vistas a debatir sobre el actual estado del proyecto de gasoducto que atravesará parte del parque de Doñana, cuya tramitación ha sido paralizada por la propia administración autonómica por dudas sobre su impacto ambiental, según han confirmado a Europa Press fuentes de varias de estas asociaciones.

En concreto, y después de un primer encuentro con Gas Natural Fenosa, promotora de la acción, esta cita se ha planteado con Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace, SEO-Birdlife y Amigos de la Tierra, y en la misma se tratará fundamentalmente sobre el estado de la iniciativa para extraer y almacenar gas en Doñana, si bien algunas asociaciones pretenden tratar otros temas relacionados con este espacio, como el dragado del río Guadalquivir o el plan de la fresa de la corona forestal.

El consejero del ramo, Luis Planas, ha afirmado este miércoles que a la Junta y a Gas Natural les interesa que se haga "bien" todo lo referido al proyectado gasoducto. A este respecto, el titular autonómico de Medio Ambiente ha señalado que, con los responsables de la empresa gasista, examinó "los tres proyectos sometidos en estos momentos a la declaración de impacto ambiental por parte de la Junta de Andalucía", informando al consejero de Gas Natural de la intención de su Consejería de "efectuar un examen riguroso de los proyectos, desde el punto de vista ambiental" y sobre "la necesidad de efectuarlo, no de forma individualizada, sino en su conjunto".

Por esta razón, la Junta se ha dirigido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "para llevar a cabo esta evaluación", que Planas considera "importante", en cuanto a "la garantía de la rigurosidad".

En este sentido, ha subrayado que, en este caso, "hablamos de dos de los tres proyectos incluidos en zonas de la Red Natura 2000, con lo cual lo que hagamos aquí, al final, será la Comisión Europea la que lo va a supervisar". En opinión del consejero, "estamos interesados, tanto la empresa solicitante como las administraciones públicas" y el propio Planas, "en defensa del interés público, en que esto se haga de forma regular, eficaz y bien".