La Policía Nacional ha detenido en la tercera fase de la operación Pitiusa contra una red de tráfico de datos a detectives, miembros de su propio cuerpo y de la Guardia Civil e inspectores de Hacienda, según informan a Europa Press fuentes cercanas al caso.

En la operación se prevén una treintena de arrestos en Barcelona, Madrid, País Vasco, Cantabria, Aragón y Andalucía, y concretamente una quincena en la capital catalana, donde según fuentes policiales ya se han hecho efectivos ocho.

Las detenciones se realizan a petición de la Fiscalía, por venta y tráfico de datos obtenidos ilegalmente, y coordina la investigación el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona y en el caso trabajan los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y Pedro Horrach.

Los detenidos de Barcelona han sido citados para este miércoles en la comisaría de La Verneda, donde se les tomará declaración y se les notificará el arresto formalmente, para después dejarles previsiblemente en libertad con cargos.

En esta macrooperación, realizada a principios de mayo del año pasado, ya habían sido detenidas 88 personas de 11 comunidades autónomas, y se practicaron un total de 46 registros en dos fases.

Vínculo con el caso nóos

Durante el examen de la información incautada a esta red se descubrió que el hacker Matías Bevilacqua, experto en espionaje que había trabajado para el CNI, había sido contratado por el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, para analizar y ordenar los correos electrónicos del Instituto Nóos de cara a la declaración ante el juez del caso.

Los arrestados, a los que según los casos se les atribuye intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales, son mayoritariamente detectives privados, aunque también hay empleados públicos y empresarios, asalariados y particulares.

La operación Pitiusa arrancó en marzo de 2011 en torno a las actividades de un exdetective privado de Barcelona, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público.

Formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional.

Los datos con los que se comerciaba abarcan desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria y con ellos sus compradores podían alcanzar una situación ventajosa frente a otras empresas de la competencia.