Comisiones Obreras de Cantabria ha advertido este miércoles que a final de año, un total de 72.000 trabajadores, el 63% de los afectados por la negociación colectiva en la comunidad, podrían quedarse con un convenio "sin valor" como consecuencia de la reforma laboral.

De hecho, según ha informado en rueda de prensa el secretario general de CC.OO. en Cantabria, Vicente Arce, la entrada de la reforma laboral en la negociación colectiva implicaría que el 8 de julio, un año después de su aprobación, un total de 23.000 trabajadores en Cantabria se quedaran sin convenio colectivo por no haberse negociado desde 2010 y 2011.

La mayoría, 18.000, afectados por el convenio de Hostelería, aunque también tendría repercusión en los sectores del transporte de mercancías por carretera, mayoristas de frutas, materiales de construcción, comercio textil, transportes privados y transporte de viajeros. A ellos se sumarían, a 31 de diciembre de este año, otros 49.000 trabajadores, los que acaban su convenio a 31 de diciembre de 2012.

Arce ha asegurado que CC.OO. tratará de "remediar" esta situación intentando "renegociar" con las empresas para que los contenidos de los convenios "no se pierdan".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los empresarios para que "no escondan la cabeza debajo del ala y tomen parte" en la negociación. "Sabemos que hay empresarios que no quieren desregular los sectores pero también hay otros a los que les viene bien", ha apuntado el sindicalista, para quien la situación es "grave".

En este sentido, Arce, que ha estado acompañado por el secretario de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de

Cc oo, Ramón Górriz, ha apuntado que, si no se negocia el convenio colectivo, este verano habrá trabajadores en hostelería "cobrando el salario mínimo".

"Llevamos muchos años trabajando para mejorar las condiciones a través de la negociación colectiva y queremos poner freno a esta situación", ha subrayado, reiterando su llamamiento al compromiso de los empresarios para retomar la negociación. "No estamos para grandes logros en negociación colectiva pero tampoco para que se aprovechen de la situación para desnaturalizar los convenios colectivos", ha advertido.

MAYO,

Mes de la negociación colectiva

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Políticas Sectoriales ha indicado que tanto CC.OO. como UGT realizarán movilizaciones en centros de trabajo durante el mes de mayo que culminarán en una jornada estatal a mitad de junio en defensa de la negociación colectiva, aunque ha confiado que en los próximos dos meses se produzca una "culminación" de la "mayor parte" de los convenios colectivos del país.

Una defensa de la reanudación del diálogo social que también protagonizará el 1 de mayo, en el que CC.OO., que invita a acudir a todos los trabajadores que tengan bloqueados sus convenios, exigirá políticas alternativas a las de austeridad y la combinación de "políticas de crecimiento con políticas de inversión", que "se empiezan a abrir camino en la UE".

Precisamente, del 7 al 16 de junio se llevarán a cabo movilizaciones en los distintos países europeos para exigir a la Comisión un cambio de las políticas de austeridad.

Górriz ha criticado reiteradamente el "fracaso de todas las reformas" emprendidas por el Gobierno entre 2010 y 2012, que han dado como resultado el incremento del paro (que cree que rondará el 27% en la Encuesta de Población Activa que publicará este jueves el INE) y de la deuda pública, al 90%, entre otros resultados.

En un contexto de nuevas "amenazas" de subida de impuestos y recortes sociales por parte del Gobierno, y en el de aplicación de una reforma laboral que ha supuesto una devaluación salarial media del 4%, Górriz ha denunciado el "debilitamiento muy importante" de la negociación colectiva.

Por eso, todas las movilizaciones irán encaminadas a denunciar que la reforma laboral "no ha funcionado" y por tanto, a tratar de revertirla, y con el objetivo de "evitar la caída del 8 de julio". "No queremos ser el toro de San Fermín: la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores que no puede decaer" porque supondría una pérdida de poder adquisitivo, un incremento del paro y una "pérdida de democracia que no vamos a consentir", ha subrayado.