El Consejo de Estado ha pedido en su dictamen sobre la reforma educativa que ultima el Gobierno, el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que no desaparezca la asignatura de Educación para la Ciudadanía, tal y como prevé el texto.

El dictamen, afirma que "procedería imponerla como obligatoria —la citada asignatura— en algún momento" pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones suscritos por España del Consejo Europeo y la UE para "velar por el aprendizaje de los valores democráticos (...) con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa".

La reforma que defiende el ministro José Ignacio Wert propone cambiar Educación para la Ciudadanía por otra denominada Valores culturales y sociales en Primaria y "Valores éticos" en la ESO, clases que serían obligatorias y alternativas a la asignatura de Religión.

Por otro lado, sobre uno de los puntos más polémicos de la Lomce para las comunidades con lengua propia, el que defiende que si un alumno pide las clases en castellano en un centro en el que no se oferta dicha opción, la autonomía deberá costearle las clases en un centro privado, los expertos del Consejo de Estado señalan que dicho aspecto "no debería figurar en la ley".

"La regla de que las Administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos en centros privados que utilicen el castellano como vehicular, más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación, no debería figurar en la ley", señala el dictamen.

El documento sostiene que, aunque comparte la posición de la Lomce respecto a que las Administraciones educativas son las que tienen las competencias para determinar la "proporción razonable" del uso de las lenguas cooficiales, debe quedar en el marco autonómico "las medidas a adoptar" cuando no se disponga de "medios o recursos" para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en los centros públicos.

Los expertos recuerdan que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional han reconocido la competencia de las CCAA con lengua oficial propia para orientar su sistema educativo hacia un modelo de integración, como han hecho Cataluña y Galicia, o hacia otro de enseñanza lingüística diferenciado como la Comunidad Valenciana y País Vasco.

"Ambas posibilidades se ajustan plenamente a la Constitución, correspondiendo al legislador autonómico la libertad de opción entre uno u otro modelo, sin que la legislación básica del Estado pueda, por su densidad normativa, frustrar la elección del modelo a seguir", según el Consejo.

Y resalta que son las autonomías las que están "en condiciones" de determinar dónde es preciso "intensificar medidas de apoyo especiales", lo que sin duda, según los expertos, "producirá gran variedad de situaciones entre comunidades autónomas".

El texto está firmado por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, y por otros nueve miembros de esta institución, entre ellos la exvicepresidenta del Gobierno socialista María Teresa Fernández de la Vega; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, y el expresidente de UCD Landelino Lavilla.