Hervé Falciani, el famoso informático que ha puesto en jaque al sistema bancario suizo, espera oculto y protegido en España que la Audiencia Nacional decida si le extradita o no a Suiza, país que quiere juzgarle por los delitos de violación del secreto comercial, espionaje económico y violación del secreto bancario. Allí le pueden caer siete años de prisión. Aunque todo parece indicar que no será enviado a Suiza, ya que hasta la Fiscalía se opone.

Si no es extraditado, Falciani tendrá libertad de movimientos, ya que no habrá ningún impedimento legal para retenerle en España (a no ser que la Audiencia fije unas comparecencias periódicas en España). El informático monegasco ya señaló a la prensa francesa que su intención es regresar a Francia con su esposa Simona y su hija de siete años, que está enferma. No obstante, en la mente de Falciani ha empezado a tomar forma una nueva idea, según fuentes que tienen contacto con él: colaborar más activamente con EE UU, que le ha ofrecido residencia y protección, "decepcionado por cierto criterio selectivo de las investigaciones que se están realizando en España con la información que él está aportando", explican esas fuentes.

El problema parece que se repite para Falciani. En la vista que se celebró en la Audiencia, tanto él como el fiscal francés Eric Montgolfier criticaron primero la nula colaboración del Gobierno suizo y segundo la extraña colaboración del Gobierno francés. En febrero de 2012, Falciani tuvo una reunión con el fiscal general de Suiza en la que este le propuso un acuerdo que ayudaba al HSBC, el banco donde trabajó Falciani. Este se opuso. No quería tapar el tema con acuerdos privados.

Por su parte, el fiscal Montgolfier reveló en la Audiencia que las autoridades judiciales francesas no tuvieron todo el respaldo de sus homólogos políticos en el Ministerio de Justicia galo, que no querían compartir los datos incautados a Falciani con otras Justicias europeas. La comunicación, según Montgolfier, se haría solo entre agencias tributarias. Y es que el Gobierno galo solo envió copias a los países con los que tiene tratado de cooperación en materia fiscal, entre ellos España, Grecia o Alemania.

Falciani dice que en España se han adoptado, de momento, "soluciones blandas" a lo que él califica como "guerra" contra el fraude fiscal a nivel mundial. Falciani defendió en el juicio su "lucha contra la opacidad financiera" y el "clasismo de las entidades bancarias". "Las acciones adoptadas a niveles estatales deben ser públicas y detalladas y no limitarse a declaraciones de intenciones", sentenció.

En España, Hacienda recibió los datos de Falciani a través de Francia en mayo de 2010. Y España se decidió por esa solución "blanda", según el informático, encaminada a recaudar antes que a castigar. La 'secuencia fiscal' fue la siguiente: la Agencia Tributaria escribió a los 659 defraudadores españoles detectados invitándoles a presentar declaraciones complementarias de renta y patrimonio y pagar lo que debían ahorrándose la multa. Como las deudas fiscales prescriben a los cuatro años si no hay delito, o a los cinco si hay delito, la Agencia Tributaria optó por un requerimiento de declaración complementaria (que interrumpe la prescripción) en lugar de iniciar un procedimiento de inspección. La razón se encontraba en la proximidad de la prescripción del ejercicio 2005.

Una excusa vaga, ya que iniciar una inspección interrumpe igualmente la prescripción durante doce meses, para poder así finalizar esa inspección y perseguir supuestos delitos fiscales. De los 659 evasores, solo 293 presentaron declaraciones complementarias. Y de esas 293, 151 no fueron lo 'completas' que deberían haber sido, ya que se hallaron "explicaciones insatisfactorias y falta de coincidencia con los datos de la Agencia Tributaria". Es decir, no dijeron toda la verdad. En estos 293 expedientes, los de los españoles que decidieron pagar tras ser pillados, se interrumpió la prescripción, por lo que el cómputo de cuatro años comenzó de nuevo. Esto permitió a Hacienda seguir investigando y reclamar en los 151 casos en los que hay dudas sobre lo pagado.

El nuevo problema detectado por Falciani, según las mismas fuentes, es la rivalidad soterrada entre la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción por dirigir el grueso de las investigaciones y decidir cómo actuar ante la información que tienen ante sí. ¿Se quiere solo recaudar parte de lo defraudado o combatir realmente el fraude fiscal? Esa es la pregunta que lanzó Falciani a las autoridades españolas. Y en medio se ha metido el CNI, que tiene un equipo para supervisar las cuentas que puedan estar relacionadas con la financiación del terrorismo y el crimen organizado.

En abril llegó una nueva remesa de datos procedentes de Francia, según publicó El País. Se trata de 2.508 cuentas. Mucha de esta información seguramente ya ha prescrito, porque Falciani dejó claro que accedió a datos personales y financieros de los clientes de la entidad relativos a operaciones que habían realizado entre febrero de 1997 y diciembre de 2007. "Pero no prescribes si hay alguna intervención judicial en curso", señalan fuentes tributarias. Esa es la clave, la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

"Digamos que ha habido una especie de debate sobre quién debía controlar esos datos, si la Agencia Tributaria o la Fiscalía. Falciani se ha decantado por apoyar a la Fiscalía, ya que no le gustaba la selección de datos que se hacía desde la Agencia Tributaria", explican las mismas fuentes. Además, los nuevos datos aportados por Falciani son muy importantes para el plan antifraude que ha puesto en marcha España sobre los bienes en el extranjero y el famoso modelo 720, donde estos clientes deben tributar por los intereses y patrimonios de esos saldos.

El 30 de abril finaliza el plazo para que los contribuyentes residentes en España puedan declarar sus bienes en el extranjero. A partir de ese día, cualquier ocultamiento descubierto en territorio foráneo sea imputado al último año no prescrito. Hacienda podrá así cruzar estas declaraciones con los datos aportados por Falciani.

La opinión de Falciani es importante, porque sin él sería imposible analizar y entender parte de la nueva información aportada por Francia (y que fue obtenida de un ordenador del propio Falciani). No hay que olvidar que los datos que él copió están encriptados. No solo aparecen nombres y apellidos, también sus cuentas asociadas, saldos y movimientos, también testaferros, intermediarios y firmas pantallas.

Tampoco hay que olvidar que aunque España no extradite a Falciani, la orden internacional dictada por Suiza seguirá en vigor. EE UU ya le ha comunicado que su país tampoco la aplicaría. Sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno norteamericano multó en diciembre al HSBC con un sanción de 1.921 millones de dólares, un acuerdo en el que el banco reconoció que ha blanqueado dinero.

Ahora, Falciani quiere que España haga lo mismo que acaba de hacer Francia. Cuatro años después de que empezara a colaborar con la Justicia gala, la Fiscalía francesa ha abierto una investigación gracias a la información facilitada por el exempleado del HSBC. La Fiscalía investigará delitos relacionados con movimientos financieros ilícitos, fraude fiscal y blanqueo de capitales, según acaba de publicar Le Monde.