Los tres grupos de la oposición —PSdeG, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y BNG— coinciden en pedir que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparezca en la comisión de estudio contra la corrupción activada en la Cámara autonómica, mientras que el PPdeG prefiere centrar sus demandas de comparecencias en expertos de los ámbitos judicial y universitario, así como técnicos de la administración.

Lo certifican los documentos registrados para articular el plan de trabajo de este órgano que, según el grupo mayoritario de la Cámara, debe contar de forma prioritaria con expertos puesto que su "objetivo principal" es que del mismo salga "un completo documento" que permita fijar medidas específicas para la prevención de la corrupción política.

Conforme este principio, en un listado de 14 comparecientes, los populares pretenden invitar a la Cámara, entre otros, al fiscal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela; a profesores universitarios como Roberto Blanco Valdés o Fernando Jiménez Sánchez; al presidente del Tribunal de Contas de Portugal, Guilherme D'Oliveira; y profesionales de la administración como la interventora general de la Comunidad, Almudena Chacón.

Además, los populares piden una serie de documentos como el informe sobre los avances en la implementación de la Convención OCDE contra la corrupción, 'The Good, the Bad and the Ugly: Controlling Corruption in the European Union', del profesor Alina Mungiu-Pippidi, el informe Greco 2011 o un estudio de la Oficina Antifraude de Cataluña relativo a las "percepciones y actitudes ciudadanas" frente a la corrupción en esta comunidad que data de 2010.

Frente a ello, PSdeG, AGE y BNG que suman, en su conjunto, unas 120 peticiones de comparecencias (aunque algunas, como la del presidente gallego, son coincidentes) aspiran a que pasen por el Pazo do Hórreo dirigentes o exdirigentes vinculados con distintos casos de supuesta corrupción tanto en el ámbito local como en el estatal. El listado más amplio de peticiones, del Bloque, alcanza las 61 comparecencias.

Así, si el PSdeG pide la comparecencia de Feijóo, del vicepresidente Alfonso Rueda, del conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, o de la titular de Facenda, Elena Muñoz; AGE demanda que participen en la comisión el exdirigente popular Pablo Crespo o el empresario Juan Miguel Villar Mir; mientras el BNG pretende citar al exregidor de Santiago Gerardo Conde Roa o al actual alcalde, Ángel Currás, así como a diversos periodistas gallegos que investigan casos de supuesta corrupción.

PSDEG

Además de destacados miembros del Gobierno gallego, los socialistas sitúan entre sus 29 peticiones de comparecencias al presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, y los dos vicepresidentes de la entidad municipalista; así como a representantes del Consello de Contas, del TSXG y de la Fiscalía.

Del mismo modo, demanda la presencia en la Cámara de personalidades del ámbito académico como del catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, el profesor del CSIC Manuel Pérez, el investigador de la USC Braulio Gómez y el profesor del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo Víctor Lapuente.

En cuanto a la documentación solicitada, los socialistas pretenden que el TSXG facilite un informe sobre los sumarios abiertos en la comunidad y en los que figuren como imputados cargos públicos electos o funcionarios públicos por presuntos delitos previstos en el título XIX del Código Penal. También demandan informes de las agencias tributarias española y gallega sobre cargos públicos afectados por fraude fiscal.

Asimismo, se demanda una relación de expedientes incoados por la Axencia de Protección da Legalidade urbanística por infracción grave desde su constitución y un informe de la Xunta sobre expedientes incoados como consecuencias de conductas o actos tipificados en el Código Penal, referidos al último año. Finalizado el proceso, el PSdeG pretende que el dictamen de la Comisión, con los votos particulares en su caso presentados, será sometido a debate y votación en el pleno de la Cámara.

Age y bng

En el apartado de documentación, AGE demanda el listado de las firmas que mantengan con la Xunta contratos por un importe superior a 500.000 euros; la remisión de los contratos formalizados por la Administración gallega y los ayuntamientos con la empresa Eulen, con la que está vinculada la hermana de Núñez Feijóo; y el envío de los contratos existentes entre Reganosa y la Xunta.

En cuanto a la treintena de comparecientes que demanda, al margen de Feijóo, Rueda, Pablo Crespo y el empresario Juan Miguel Villar Mir, Alternativa pretende que comparezcan la diputada popular Paula Prado y los cuatro presidentes de las diputaciones gallegas; representantes de empresas que contratan con la Xunta; periodistas que investigan casos de corrupción; y la sindicalista Laura Bugallo, entre otros.

En el listado de ámbitos de estudio para la comisión, el BNG sitúa las políticas de concesión de subvenciones, "tramas de corrupción" en Galicia, "estafas" vinculadas con la corrupción del sistema como las originadas por preferentes y subordinadas, financiación de campañas electorales o paraísos fiscales, entre otras.

Para profundizar en estas cuestiones, además de Conde Roa y Ángel Currás, el Bloque pretende que comparezcan en la Cámara representantes de la Fegamp, alcaldes de la Costa da Morte implicados en la 'Operación Oquesta'; el regidor de Lugo, el socialista José Clemente López Orozco; o el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar.

Entre otros, el BNG también incluye en su listado de peticiones la presencia en la Cámara de representantes de organizaciones vinculadas con la lucha contra el narcotráfico, de especial actualidad tras publicar 'El País' varias fotografías, realizadas en los 90, en las que Núñez Feijóo aparece con el narcotraficante Marcial Dorado.

El BNG también incluye una larga enumeración de documentos, entre los que se encuentra la relación y expedientes de subvenciones nominativas concedidas por la Xunta y organismos dependientes desde el año 2013, el expediente de privatización de la AP-9 o los expedientes de ayudas concedidas por el Igape, investigadas en la 'Operación Campeón'.