110 días sin empleo y sueldo. Ese es el precio que tiene que pagar Ángel Sáez Gil por llevar a cabo 'su particular marea verde'. En junio de 2012, este profesor dejó de impartir clase durante diez días en el instituto de secundaria en el que trabajaba, con el objetivo de centrar sus esfuerzos en una campaña que concienciara a las administraciones de las negativas consecuencias que iban a tener los recortes en educación. Este funcionario de carrera tiene ahora que hacer frente a un expediente disciplinario en el que se le impone una falta grave por no asistir al trabajo "sin causa justificada durante tres o más días al mes". La sanción comenzó el sábado 20 de abril y se alargará hasta el 7 de agosto.

El 5 de junio, Sáez Gil decidió no volver al IES Antonio Jiménez-Landi de Méntrida, en Toledo, en el que además de profesor de Francés en 1º de la ESO, era orientador. El Consejo de Ministros había aprobado el 20 de abril el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, o lo que es lo mismo, un recorte de 3.000 millones de euros en educación. Su aplicación en Castilla-La Mancha iba a suponer, según él, que su centro sufriese un reducción del 33% en el número de profesores, pasando de los 39 de entonces a 26 el curso siguiente.

“En septiembre de 2012 no íbamos a tener ningún profesor de Tecnología porque no había ninguno fijo, todos eran interinos”, pone como ejemplo. “El aumento del ratio de alumnos por aula hasta los 34 o 35 y del número de horas lectivas que daba cada profesor hacía muy difíciles las cosas”, continúa en una conversación telefónica con 20minutos.es.

Este maestro de 58 años lleva 37 dedicándose a la enseñanza. Entre otros estudios cursó Magisterio y Pedagogía y a lo largo de su carrera profesional ha estado en diferentes centros de España. Saca a colación el artículo 27 de la Constitución para reforzar su postura: “Determina lo que es educación y el derecho a educar y marca que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad”. “Para que haya un aprendizaje son necesarias una serie de condiciones que con los recortes no se dan”, explica.

Planteó la necesidad de llevar a cabo una huelga indefinida en el sector educativo pero no salió adelante y fue entonces cuando tomó la iniciativa de hacerla en solitario. “Yo no puedo seguir dando clase ni desarrollando mis funciones de orientador en el instituto mientras el barco se hunde”, escribió esos días en su blog. Su protesta consistió en no ir al instituto y recorrer administraciones, sindicatos, facultades, centros educativos, medios de comunicación,…

Al principio pensó en no volver a dar clase hasta que no le garantizasen que se cumplían las “condiciones mínimas organizativas y curriculares” que hicieran posible el aprendizaje en su centro. Pero finalmente regresó el día 20 sin haberlo logrado. Los recortes se implantaron pero él no cree que su lucha haya sido en vano: “Conseguí pequeñas cosas; no paralizar el decreto, pero sí que la gente fuese más sensible hacia el hecho que hay una barrera que no se puede traspasar”.

El expediente se abrió el 6 de septiembre de 2012 en Castilla-La Mancha y la resolución se conoció en abril de este año. Se ha hecho efectiva antes de que se cumpliera el plazo previsto para un posible recurso. La decisión la toma aquel Gobierno autonómico pero la ejecución corresponde a la Comunidad de Madrid, en virtud de un convenio de cooperación, porque desde este curso Ángel Sáez trabaja en un colegio de Navalcarnero. Él había solicitado el concurso de traslado en noviembre de 2011, antes de que todo esto comenzara. Navalcarnero es la localidad en la que vive con su familia. Quería acercarse a un centro de la zona y volver a ser maestro, como ya lo fue entre 1975 y 2000. Los últimos 12 años los había pasado como profesor de secundaria, siendo también orientador.

“No digo que no sea un falta, entiendo que un funcionario no debe faltar al trabajo pero la gravedad de la situación exigía que alguien explicara dónde está el límite a la hora de recortar en educación. Pensé que lo podrían entender”, apunta. En su defensa alega no obstante que una de las funciones de los orientadores en Castilla-La Mancha es asesorar a la administración y quiso hacerlo poniendo de manifiesto que “es imposible educar sin unos mínimos”. En uno de los escritos que presentó en su defensa afirmaba: “Desde el martes 5 de junio hasta el martes 19 de junio, dediqué muchas más horas semanales que las 37,5 firmadas a trabajar por la educación, a asesorar a la administración y a defender la Constitución que es mi primera obligación.” Alegaba haber seguido cumpliendo sus funciones, aunque fuera del instituto, y relataba las actividades que en esa línea había llevado a cabo durante aquellos días.

Asegura además que no tomó aquella iniciativa por defender su puesto de trabajo, que estaba asegurado, y tampoco quiere centrar la atención en él, sino en su mensaje, con el que pretende que la sociedad reflexione sobre los recortes educativos. “En educación las consecuencias se verán en el futuro. Los chavales van a salir sin haber alcanzado los objetivos”, augura. Pero los docentes sí lo están notando ya, agrega. Las clases están “masificadas”, lejos del ratio que en su opinión sería el ideal. En primaria por ejemplo habla de 20 alumnos por aula y 20 horas lectivas semanales para cada maestro. “El resto de la jornada laboral tenemos que dedicarla a preparar las clases, corregir,…”. Vuelve al caso del centro de Méntrida en el que trabajaba para recordar que ni las aulas de informática ni los talleres tecnológicos cuentan con material para 34 o 35 chicos a la vez. “Cuantos más niños menos conocimiento de cada uno y menos atención les puedes prestar. Yo siento que no soy un buen profesor en esas circunstancias”.

Con esta concepción de lo que debe ser la enseñanza afirma sentirse dolido con algunas de las expresiones empleadas en la resolución del expediente. En él se llega a decir que sus argumentos son peregrinos. “Parece que mis argumentos no tienen consistencia y son sagrados. Son cosas muy graves”, lamenta.

Este maestro ha ido contando su historia en un blog, en el que se pueden leer numerosos mensajes de apoyo. Incluso se ha lanzado una campaña para solicitar el sobreseimiento del expediente con una recogida de firmas en change.org.

Él no va a cejar en su empeño. En estos meses de suspensión baraja aprovechar el tiempo en seguir explicando a la administración la gravedad de las medidas que se están aplicando: “No eran argumentos peregrinos y desvalidos, no era cualquier motivo, no eran meros escritos basados en meras manifestaciones, no eran reivindicaciones ideológicas, no era clara laxitud ni pasividad del funcionario.... Era recordar a la administración que con la aplicación de esas medidas, era posible ‘custodiar’ e incluso ‘adiestrar’, pero era imposible educar.”