El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, apoya que los jueces de Primera Instancia hayan decidido suspender los desahucios en la provincia con el fin de garantizar la posibilidad de control de cláusulas abusivas que deriva de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) del 14 de marzo, hasta que se resuelva la cuestión o la reforma de la legislación hipotecaria, prevista por el Gobierno central.

En una rueda de prensa, en la que ha presentado la memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2012 en relación con la provincia, Baena ha destacado que dichos jueces llevan a cabo "el cumplimiento de la ley", y es que, según agrega, "algunas veces se olvida que los jueces españoles son jueces europeos", de manera que "cuando uno observa que alguna legislación nacional puede contravenir legislación europea está prevista la cuestión de prejudicialidad".

Asimismo, comenta que "se escucha que hay que reformar la ley hipotecaria", cuando en realidad, según subraya Baena, "el problema está en la Ley de Enjuiciamiento Civil". Ante ello, aboga por "establecer un trámite donde antes de entrar en la ejecución se puedan discutir la existencia o no de cláusulas abusivas, y en el caso de que alguna cláusula sea abusiva ver cuál será el efecto jurídico que provoque dentro de la ejecución".

En este sentido, informa de que el día 8 de mayo se prevé celebrar una reunión en Madrid con magistrados de la sala primera del Tribunal Supremo (TS) y diferentes magistrados de los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas para "tratar de unificar criterios en esta materia sobre la incidencia de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a tal efecto.

En cuanto a la memoria del alto tribunal andaluz, en lo que respecta a la provincia, la califica de "pesimista" y, a su juicio, es "un titular", porque reconoce que "no se ha producido ningún avance durante 2012 en materia de administración de justicia", por lo que considera que es "un año perdido", si bien, apunta que "será peor para quien haya perdido su vivienda o su empleo".

Al respecto, detalla que los diferentes órganos judiciales "cada vez soportan una mayor carga competencial y se aprecia una falta de impulso para arreglar todas las disfunciones", al tiempo que "se ha creado un aumento de crispación en los jueces, aunque no se traduce en dejación de sus funciones". Así, resalta que la memoria insiste en "la necesidad de una nueva estructura de la administración de justicia", entre ello ve "necesario" abordar una nueva demarcación judicial o se plantea "la tarea pendiente de extender la cultura del acuerdo previo a la celebración del juicio oral".

Entretanto, el presidente de la Audiencia Provincial lamenta que "la crisis económica ha provocado un aumento de la litigiosidad en determinadas materias" y para Baena "lo más desgarrador de todo son los desahucios y los despidos".

INFRAESTRUCTURAS

En relación a las infraestructuras, apunta que la creación del juzgado de guardia de 24 horas es "una quimera"; la situación que presentan los 21 juzgados de Primera Instancia e Instrucción es "desigual", por lo que "las demarcaciones judiciales son obsoletas", al tiempo que "hace falta una regulación de puestos de trabajo y una nueva ley de planta", porque, según explica, "existen algunos órganos sobredimensionados y otros órganos, sobre todo de la provincia, infradimensionados".

Sobre la Ciudad de la Justicia de Córdoba, considera que es "un tema renuente" y espera que "se resuelva si es que llega la financiación a las empresas adjudicatarias", puesto que "no existe espacio alguno del que poder sacar una dependencia", a lo que añade que "el problema es que nos encontramos con muchas sedes desplazadas" y se lleva a cabo "un peregrinaje judicial".

"los mejores resultados"

Por otra parte, Eduardo Baena ha valorado que la Audiencia de Córdoba haya obtenido "los mejores resultados" de las provincias andaluzas, tanto en la jurisdicción penal como civil, que no se han registrado "por disminución de trabajo, sino que los magistrados han adaptado su respuesta a los asuntos que entraban", ha apostillado el presidente.

En concreto, la Audiencia —compuesta por tres secciones mixtas— ha ingresado en el año 2012 un total de 4.445 asuntos, frente a los 4.220 asuntos de 2011, la mayoría de ellos penales, concretamente 3.031, por los 2.886 de 2011, y un total de 1.414 asuntos civiles en 2012, frente a los 1.334 de 2011.

Además, la memoria detalla que la cantidad de asuntos pendientes se ha mantenido siempre en "niveles muy bajos a pesar del paulatino aumento" de la cantidad de asuntos ingresados, que en los seis últimos años ha superado el módulo de entrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la jurisdicción penal, se han registrado 3.031 asuntos penales, un 5% más que el año anterior, y se han resuelto 3.003 (4% más que en 2011), por lo que la pendencia continúa en los 134 asuntos. De todos los asuntos penales iniciados, el 6% corresponde a procesos en única instancia. Las tres secciones han resuelto por encima del 95% de la carga de trabajo total.

Y sobre la jurisdicción civil, en 2012 se registraron 1.414 asuntos en materia civil (un 6% más que en 2011) y se resolvieron 1.449 (un 6% más que el año anterior), por lo que la pendencia civil a final de año ha disminuido su valor con respecto a principios de año en un 21%.

Cabe destacar que la plantilla cuenta con diez magistrados, por lo que la tasa de asuntos ingresados por magistrado y año es superior al módulo referencial, motivo por el que el TSJA considera "necesario" ampliar la plantilla y, al mismo tiempo, en aras a la mayor eficacia, "especializar las secciones en el orden jurisdiccional civil y penal". Al respecto, a partir del mes de abril de 2013 y durante un año contará como refuerzo con un magistrado en comisión de servicio.