La defensa del exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz ha elaborado ya el anuncio del recurso contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga en la que se le condenó a siete años de prisión y multa de 3,8 millones de euros por un delito continuado de blanqueo de capitales y otro de cohecho y ha alegado varios motivos, entre ellos error en la apreciación de la prueba, al no haberse tenido en cuenta todos los ingresos del exregidor.

Otros motivos que se argumentarán en el anuncio del recurso son, según han informado fuentes de la defensa a Europa Press, vulneración de derechos fundamentales en relación con la denegación de las cuestiones previas e infracción legal, en cuanto a la aplicación indebida de los delitos de blanqueo de capitales y de cohecho, así como de la continuidad delictiva. También se alegarán quebrantamientos de forma.

En cuanto al error en la valoración de la prueba, cabe recordar que el letrado de Muñoz aportó documentos relativos a ingresos y retribuciones percibidos por el exalcalde entre 1991 y 2003 por parte no sólo del Ayuntamiento, sino también por otras instituciones, como la Diputación de Málaga, y organismos, como sociedades municipales de Marbella. Según las fuentes, esa documentación se recordará en el escrito.

La sentencia fue notificada a las partes en un acto de lectura pública del fallo el pasado martes día 16 y tanto las defensas como las acusaciones —la Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella— tienen de plazo hasta este martes 23 para anunciar ante la Sección Segunda de Málaga la presentación del recurso de casación, que tendrá que interponerse ante el Tribunal Supremo, órgano encargado de resolver los recursos.

Tras la lectura pública del fallo, la Sala decretó el ingreso en prisión de Muñoz durante un límite máximo de la mitad de la pena a la que ha sido condenado, es decir, tres años y medio; toda vez que lo pidió la Fiscalía Anticorrupción al entender que existía riesgo de fuga y reiteración delictiva. Esta decisión ha sido recurrida por la defensa.

El Tribunal señaló que la etapa de Muñoz vinculada a la política se caracterizó "por el importante desfase entre ingresos y gastos y por excesivos movimientos de dinero en metálico; así como por numerosas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles". Desfases, movimientos y adquisiciones "de los que no ha podido justificar su procedencia lícita", se indica, "porque están realmente relacionadas con actividades al margen de la legalidad y delictivas".

Para la Sala, los bienes o dinero empleados, "y que procedían de los beneficios ilegales de actividades ilícito-criminales, tras un primer enmascaramiento u ocultación de su origen, los mezclaba con otros de origen lícito". Una vez unidos, lo invertía sucesivamente "con el fin claro de borrar su procedencia inicial". La defensa argumentó que había ingresos que no habían sido cuantificados en los informes policiales ni de la Agencia Tributaria.

Pero el Tribunal no entendió probado que recibiera remuneración por asistencia al consejo de administración de sociedades municipales y añadió que las gratificaciones y préstamos que Muñoz dijo haber recibido del que fuera alcalde Jesús Gil —"su número y cuantía podían ser lo mismo uno que 1.000 a efectos del Tribunal"— no son más que "manifestaciones comprensibles en su afán autoexculpatorio, pero carentes de la más mínima base que los sustente".