El Ayuntamiento de Madrid ha abierto dos procesos sancionadores contra la empresa Diviertt, con Miguel Ángel Flores al frente, por infracciones graves en materia de consumo (cifradas en 15.000 euros cada una) mientras que la Agencia de Gestión de Licencias de Actividad (AGLA) ha incoado otro por infracciones muy graves relativas al exceso de foro y a la entrada de menores de edad en el Madrid Arena la noche de la trágica fiesta de Halloween.

El AGLA incoa expediente por infracciones "muy graves" en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas "relacionadas con la superación del aforo máximo permitido y la entrada de menores en el evento" que, en la madrugada del 1 de noviembre, acabó con la vida de cinco jóvenes.

La resolución de este expediente sancionador quedará  "condicionada a lo establecido en la resolución o pronunciamiento judicial que determine los hechos y las responsabilidades de lo sucedido en la fiesta organizada por la empresa en el recinto Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012", explica el Ayuntamiento.

Los otros dos expedientes se refieren a la venta de entradas para el Spacefest, en Nochevieja, fiesta promocionada también por Diviertt después de que el Consistorio hiciera público que no se volvería a realizar este tipo de eventos en el Madrid Arena tras la tragedia de la noche de Halloween.

La organización vendió entradas varios meses antes de su celebración a través de varios canales, como ventas a distancia por Internet, por medio de  relaciones públicas y ventas directas en determinados establecimientos.

Inspectores del Instituto Municipal de Consumo y técnicos de Calidad y Consumo realizaron varias visitas a establecimientos donde  se estaba desarrollando la venta directa de entradas para esta fiesta y detectaron infracciones tipificadas como graves en materia de consumo.

En primer lugar, en las entradas que se estaban vendiendo a los consumidores no constaba el recinto donde se iba a llevar a efecto el evento, sólo ponía que estaba "por confirmar". Esto, en palabras del Consistorio, incumple el deber de veracidad informativa dado que no se facilita al consumidor una información  relevante y suficiente sobre una de las características esenciales del contrato.

La segunda infracción se refiere a que las entradas que se venden a los consumidores del evento Spacefest contenían la marca del Ayuntamiento de Madrid "sin contar con la autorización pertinente del mismo", lo que constituye una "publicidad engañosa que induce o puede inducir a error a los consumidores en cuanto a la vinculación del Ayuntamiento de Madrid con el evento".

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de los consumidores  de la Comunidad de Madrid, ambas infracciones son de carácter grave y se pueden sancionar con hasta 15.000 euros cada una.

Desde el Instituto municipal de Consumo se procedió a intentar notificar  el acuerdo de inicio del expediente sancionador en las direcciones de la empresa Diviertt, "hecho que resultó imposible al tratarse de locales sin actividad". Igualmente se intentó la notificación en el despacho de abogados cuyo socio es el letrado defensor en el procedimiento penal de Miguel Ángel Flores pero la gestión también fue infructuosa.

Al no haber sido  posible en todos estos lugares la notificación del acuerdo de iniciación se procedió a su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el  pasado día 9 de abril. Tras ella, la empresa dispone de 10 días hábiles para que conocer el  expediente y presentar las alegaciones y documentos que crea convenientes.

Trascurrido ese plazo, se procederá a realizar la de resolución definitiva del  expediente sancionador, que fijará la cuantía definitiva de la sanción, una vez  valoradas las alegaciones que, en su caso, haga la empresa.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento ha recibido un total de 79 reclamaciones frente a Diviertt y a Spacefest. Muchas de ellas acreditan haber realizado una  reclamación previa ante la empresa a través de los distintos canales ofrecidos por esta pero sin resultado.

Estas reclamaciones se han remitido a la dirección de  la empresa, "sin que se haya recibido contestación a ninguna de ellas", asegura el Consistorio. Ante la  falta de contestación por parte de la empresa, "que se encuentra ilocalizable", la OMIC comunicará a los consumidores esta situación y la  posibilidad de acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos.