Los expedientes sancionadores abiertos a varios miembros de la Plataforma Unitaria contra la Crisis 'Cumbre Social de Segovia' que irrumpieron en el vestíbulo de la oficina principal de Bankia en la capital segoviana para protestar el 14 de noviembre, durante la jornada de huelga general, han quedado sobreseídos.

El secretario de Enseñanza de CC.OO. en Segovia, Óscar Sancho, uno de los afectados, ha informado en rueda de prensa este lunes de que recibió hace unos días la notificación sobre la suspensión de la causa, contra la que los afectados alegaron al considerar que la protesta fue pacífica y que en ningún momento se alteró el orden público.

Sancho, quien ha creído "lógico" el sobreseimiento, ha tildado de "abuso" la apertura de expedientes y ha recriminado que el clamor ciudadano sea respondido con multas "a diestro y siniestro" y que las sanciones se hayan convertido en "una solución para todo".

"Como en el balonmano, quieren poner áreas alrededor de las casas cuando vamos a decir a un político que le votamos por un programa y no por su cara bonita. Nosotros vamos a recordarles con una pegatina que se están saltando el programa a la torera, que no creo que eso sea violencia", se ha quejado.

El responsable sindical, integrante del grupo de heavy Lujuria y profesor, ha instado a la Subdelegación del Gobierno a meditar más a la hora de abrir expedientes por las consecuencias que ello puede tener para los afectados.

"Imaginemos que los padres se enteran de que al profesor de sus hijas le han multado por escandaloso. A ver quién les explica que lo que yo pedía era un derecho", ha expresado Sancho, quien se ha preguntado si ese "abuso" se hubiera producido si quienes acudieron a protestar hubieran sido ciudadanos de a pie y no integrantes de colectivos.

La Subdelegación abrió expedientes sancionadores a varios miembros de la 'Cumbre Social' tras concentrase sin previa comunicación en el hall de la antigua sede central de Caja Segovia y obstaculizar el acceso de los clientes a cajeros y dependencias de la entidad, lo que obligó a los trabajadores a cerrar las oficinas. La cuantía de la multa ascendía a 300 euros.