Cuarenta familias de la provincia de Valladolid que desde el 1 de enero de 2008 han sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de cuotas hipotecarias o del alquiler concertado contarán con una ayuda económica, de entre seis meses y un año y medio, merced a los convenios que para tal fin ha suscrito hoy la Diputación provincial con Cáritas Diocesana y Cruz Roja.

La iniciativa, "pionera en Castilla y León", según han subrayado los responsables de las instituciones firmantes de la misma, cuenta con un presupuesto de 100.000 euros aportados íntegramente por la Diputación de Valladolid que se repartirán al 50 por ciento las dos citadas ONGs y que tendrá por cometido sufragar el alquiler de estas cuarenta familias que han perdido su vivienda habitual, que podrán percibir ayudas de hasta el 100% por un periodo de seis meses o del 50 por ciento para un año.

Excepcionalmente, estas cantidades se podrán ampliar hasta tres y seis meses, respectivamente, aunque el importe mensual a abonar no podrá superar los 400 euros al mes, y todo ello tras cumplir una serie de requisitos entre los que figuran que el beneficiario—personas individuales o unidades familiares—sea un deudor de buena fe, que su desalojo se haya producido a partir de 2008, que la vivienda esté ubicada en un municipio de menos de 20.000 habitantes, la existencia de una sentencia, auto o documento que certifique el lanzamiento y, finalmente, un tope de ingresos mensuales del desahuciado.

Durante el acto de firma, escenificado por el presidente de la Diputación vallisoletana, Jesús Julio Carnero; la presidenta de Cruz Roja en Valladolid, Marta Varas, y el director de Cáritas Diocesana de Valladolid, Jesús García Gallo, el primero de ellos, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha subrayado que los convenios constituyen un "compromiso más" de esta institución con la exclusión social, "que debe ser abordada de forma coordinada entre las administraciones, y cuyo objetivo es "contribuir a paliar los efectos de una crisis que está desarmando a muchas familias".

"no vale quedarse quieto"

En este sentido, Carnero ha enfatizado que ante una situación sin precedentes "no vale quedarse quieto", y a tal espíritu responden, como así ha rememorado, las distintas medidas que la Diputación vallisoletana viene adoptado desde los últimos doscientos años, entre ellas, por más recientes y destinadas a este fin, las ayudas de emergencia, que en el presupuesto de 2013 se han incrementado en un 125%, pasando de 57.532 a 130.000 euros, junto con otros 30.000 para cubrir las necesidades familiares de alimentación infantil.

Pero además, la Institución provincia vallisoletana colabora, a través de los 13 CEAS, en la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con un total de 502 expedientes instruidos en 2012; la adhesión al Fondo Social de Viviendas en alquiler promovido por el Gobierno de España; convenios con el Secretariado Gitano, con el Ayuntamiento de Peñafiel para evitar la discriminación de minorías étnicas y para la puesta en marcha de un albergue de indomiciliados en Magorga, así como un Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de exclusión social, con 95 casos atendidos desde noviembre de 2012, de los cuales 43 de ellos siguen abiertos.

Todas estas iniciativas son de vital importancia para evitar la exclusión social en el mundo rural, con especial incidencia en "dos grandes zonas", por un lado la comprendida por Íscar, Pedrajas y Olmedo, especialmente azotada con la caída del sector de la construcción, y, por otra, la del alfoz de Valladolid, ha precisado Jesús Julio Carnero, quien, para ejemplificar la grave situación actual, ha recordado que la provincia cuenta con 54.008 parados, de ellos 16.730 en municipios de menos de 20.000 habitantes, y de estos últimos el 50 por ciento en riesgo de exclusión social al estar todos los miembros de la unidad familiar en desempleo.

Por su parte, los dos reponsables de Cruz Roja y Cáritas Diocesana, Marta Varas y Jesús García Gallo, respectivamente, ha coincidido al destacar que ambos convenios, cuya doctación económica podría verse incrementada por la Diputación de Valladolid si fuera necesario, tienen un carácter "pionero" en Castilla y León y aliviarán la dramática situación por la que atraviesan cerca de cuarenta familias a las que actualmente atienden ambas organizaciones.

Así, García Gallo se ha felicitado de que esta ayuda económica servirá para "restañar las heridas que están provocando los deshaucios en un momento de mucho sufrimiento, muy complicado", con la particularidad de que ahora los damnificados son familias que hasta hace bien poco eran "normales y vivían una situación social normalizada".