El concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) desde junio de 1991 hasta 1998 y perteneciente al órgano de administración de varias empresas municipales Pedro Román ha asegurado este lunes que el exalcalde del Consistorio marbellí Jesús Gil y Gil decidió no abonar las cuotas (91,5 millones de euros) a la Seguridad Social entre 1991-2001 porque no recibía fondos estatales.

"Como el Estado no ingresaba al Ayuntamiento lo que le correspondía, Gil decidió no pagar a la Seguridad Social" para lograr "compensaciones" a través de negociaciones con el Gobierno central. Así lo ha manifestado Pedro Román ante las preguntas de la acusación que ejerce la Tesorería General de la Seguridad Social, en la tercera jornada del juicio por el caso 'Saqueo II' derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999, en el que está imputado.

Aunque Román se ha negado a contestar a las preguntas del letrado del Ayuntamiento de Marbella, sí ha insistido en que "ninguno" de los concejales que tuvieron responsabilidad tomaban "decisiones", pues les facilitaban una "línea de actuación", que ellos seguían. "Todos dejaron una parte de su vida en Marbella", ha señalado.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha recalcado que no hubo "duplicidades" de cobro, es decir, que los concejales recibían bien una retribución a cargo de los presupuestos ordinarios del Consistorio bien a través de las sociedades municipales, y ha agregado que se pagaba "tanto el IVA como las retenciones" correspondientes.

"Cobrábamos por el trabajo que desempeñábamos como concejales", ha indicado. En esta línea, ha confirmado su presencia en todas aquellas sociedades en las que figura como "presidente", aunque ha reiterado que él no gestionó ni administró ninguna de ellas.

Convenios con informes jurídicos

Román ha explicado que para recuperar la "ilusión" en la ciudad de Marbella era necesario ejecutar "muchas" obras y en "poco tiempo" a través de las sociedades municipales que controlaban los técnicos. Ha añadido que "todos" los convenios que se autorizaban y firmaban iban acompañados por los "informes jurídicos y técnicos" correspondientes.

Por último, ha recordado que antes de presentarse a las elecciones de 1991 en Marbella de la mano del GIL se dedicaba "como empresario a las promociones inmobiliarias" y ha aclarado que es "falso" que tenga algún tipo de "formación jurídica". "No soy Licenciado en Derecho", ha remachado.

El Ministerio Fiscal solicita para Pedro Román la pena de 11 años de prisión por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito continuado de prevaricación y un delito continuado contra la Seguridad Social.