La Fiscalía ha decidido remitir al Juzgado Decano de Ceuta la denuncia que este miércoles le hizo llegar el secretario general del PSOE regional, José Antonio Carracao, para que investigase la existencia de algún "ilícito penal" en los pagos efectuados por el Gobierno local que preside Juan Vivas (PP) durante 12 años a la anterior adjudicataria del servicio de limpieza, Urbaser, que según un informe técnico habría recibido 12,5 millones de más en concepto de amortización de maquinaria.

En su escrito, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público señala que "en el presente caso existen indicios suficientes para considerar que estamos en presencia de delito", argumenta falta de medios para llevar las diligencias y justifica su decisión en la Instrucción de la Fiscalía General del Estado que insta a sus subordinados a derivar a los jueces cuanto antes las denuncias de partidos políticos para no ser "instrumentalizados" en busca de "efecto mediático".

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Guillermo Martínez, ha reiterado en rueda de prensa este viernes que el técnico contable que elaboró el informe "no lo hizo por iniciativa propia, como dice el PSOE, sino a instancias del Ejecutivo para defender el interés general" y ha subrayado que "la Ciudad no ha abonado a la empresa ni un euro más del precio estipulado en el contrato, aunque sus términos pueden haber causado que la suma de las tarifas unitarias para amortización de maquinaria excedan lo invertido por Urbaser".

La Administración local ha decidido "reunir en un solo procedimiento administrativo" las reclamaciones judiciales que ha incoado la empresa reclamando otros 15 millones a la ciudad y el posible saldo positivo que arrojen los pagos de amortización de vehículos para proceder a "la liquidación definitiva del contrato".

"Vamos a pelear por el desenlace más positivo posible para las arcas municipales", ha adelantado el consejero, quien ha rechazado "rotunda y categóricamente" cualquier "connivencia" con la antigua concesionaria del servicio de limpieza y ha reprochado a Carracao las "falacias, disparates, tonterías y bravuconadas" que desde su punto de vista ha vertido "por su ignorancia y sus ganas de hacer daño".

En declaraciones a los periodistas, los líderes del primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui, han coincidido en que los pagos se han efectuado conforme a contrato, aunque han señalado que en el pliego, redactado durante la breve etapa del GIL al frente de la Administración local, está "la corrupción". "Urbaser ha cobrado más de lo merecido, pero legalmente porque figuraba en aquel contrato", han denunciado tras dejar abierta la puerta a sumarse al proceso judicial abierto y señalar "una responsabilidad clarísima de los técnicos que han permitido que una empresa certifique unos conceptos de manera equivocada".

No obstante, los localistas han asegurado que el "ruido" mediático generado por la divulgación del informe técnico obedece a que un periódico local pretende "asustar y acobardar al presidente para que no adjudique el concurso de publicidad institucional en licitación" y han lamentado que el líder del PSOE está siendo el "tonto útil" de dicho medio.