Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Unidad Especializada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han detenido a 17 personas en Mallorca de distintas nacionalidades, entre ellas, un empresario de la noche, por defraudar un total de 46.715 euros a través de falsos contratos de trabajo para recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Trabajo, conseguir permisos de residencia por arraigo o renovar estos permisos.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha informado de que en el marco de la Operación 'tablao', se ha procedido a desmantelar y desarticular una red organizada dedicada a la comisión de delitos directamente relacionados con la facilitación de contratos falsos de trabajo y que estaba liderada por el citado empresario de la noche mallorquina.

Concretamente, ha detallado que la actividad del grupo delictivo consistía en dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores ficticios, los cuales pagaban unas cantidades económicas, de entre 600 y 2.500 euros, calculando que el lucro obtenido por los responsables se elevaría por encima de los 100.000 euros, a cambio de obtener un contrato de trabajo falso.

Así, ha señalado que este contrato servía para más adelante, en unos casos, cobrar prestaciones, en otros renovar el permiso de residencia, puesto que para ello es necesario tener un contrato de trabajo, y en otros casos obtener un primer permiso de residencia por arraigo, para lo cual también es necesario un contrato de trabajo.

Durante la operación, en la que se ha intervenido numerosa documentación falsa, contratos y nóminas se ha comprobado que el empresario, para sus fines delictivos, actuaba en connivencia de una gestoría de Palma de Mallorca, conocida por investigaciones anteriores, dando de alta a 64 trabajadores en la empresa ficticia acumulando una deuda en la Seguridad Social que asciende a más de 149.500 euros.

En este sentido, los investigadores calculan que el dinero cobrado fraudulentamente por prestaciones por desempleo asciende a 46.715 euros, siendo este dinero reclamado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Servicio Estatal de Empleo Público a los detenidos que cobraron las prestaciones indebidamente.

Finalmente, la Policía Nacional ha destacado que en el marco de la operación, y en colaboración con el Servicio Estatal de Empleo Publico, se han conseguido paralizar, al menos, una docena de expedientes de solicitud de prestaciones indebidas.