La Federación de Empleados Públicos de USO ha mostrado su rechazo radical al proceso de "privatización" del Hospital Valdecilla y a la "pérdida de derechos laborales" de sus empleados, por lo que ha anunciado su disposición a participar en todas aquellas movilizaciones e iniciativas sociales que se pongan en marcha en Cantabria para defender el modelo de sanidad pública y gratuita, en especial contra las propuestas del Gobierno del PP para este centro sanitario.

En un comunicado, el sindicato censura la privatización que, según apunta, el Ejecutivo pretende llevar a cabo a través de un contrato de colaboración público-privado para los próximos 20 años, y que afectará a un número "importante" de trabajadores de todos los edificios que componen el hospital.

La decisión de carácter "político" y que el PP "justifica" por la crisis, lleva aparejada el "acabar" con el modelo de asistencia sanitaria "gratuita, generalizada y costeada con los impuestos", para convertirla en "un negocio" del que "solo" se podrán beneficiar los que tengan recursos económicos, "dejando para los otros el nivel de sanidad de pobreza gratuita".

Y es que, según USO, "bajo el eufemismo de servicios no clínicos" el contrato de Valdecilla incorpora diversos departamentos que hasta la fecha pertenecían al organigrama del hospital, dejando a estos trabajadores "en total desamparo y al margen de cualquier posibilidad de reversión a su puesto de trabajo, perdiendo con ello sus derechos vinculados, entre otros, a la jornada, horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de retribución, negociación colectiva".

Añade el sindicato al respecto que en el pliego de condiciones se señala que "será el contratista quien responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empleador, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna carga o responsabilidad resultante de su actividad o incumplimiento".

Sin embargo, apunta USO, el Gobierno de Cantabria se reserva el derecho a percibir del contratista las indemnizaciones que por cualquier causa se viera obligada a abonar a un tercero por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, es decir "solo las económicas nunca las de carácter laboral".

Esta "pérdida de derechos laborales" para los actuales empleados públicos tampoco queda resuelta, a juicio del sindicato, en el pliego de condiciones para los que opten por no incorporarse a la nueva empresa adjudicataria. Supuestamente, se podrán quedar en el centro de trabajo actual pero sin definición clara de dónde y en qué condiciones, por lo que el supuesto derecho "queda totalmente limitado".