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El decreto que flexibilizará el acceso de desahuciados a una vivienda social podría aprobarse en mes y medio

Extremadura cuenta con 95 viviendas disponibles para ser entregadas a hipotéticos desahuciados por ejecución hipotecaria

El consejero de Fomento y Vivienda, Víctor del Moral, ha informado de que el decreto que va a "flexibilizar" el actual en vigor y que deben cumplir las familias para tener derecho a una vivienda social cuando hayan perdido su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria podría estar publicado en un plazo que rondaría un mes y medio.

Del Moral ha dado a conocer que dicho decreto se aprobará "de manera urgente" conforme a lo acordado en el pasado Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado a principios de este mes de abril y por el que se establecerán las condiciones y el procedimiento para regular la adjudicación de vivienda de promoción pública para los desahuciados de su primera vivienda.

Dicha medida, según ha recalcado, tendrá carácter retroactivo para aquellas familias que perdieron su vivienda desde el 1 de enero de 2011. En esta línea, Del Moral ha resaltado que el Gobierno de Extremadura está siendo "pionero" en la puesta en marcha de medidas que "ya" están dando "respuesta real" a aquellas familias que han perdido la que era su primera vivienda por una ejecución hipotecaria.

A este próximo, se une el hecho de que el Ejecutivo regional ha promovido la modificación de un decreto que data de 2006 que regulaba el procedimiento de adjudicación de vivienda de promoción pública, modificación que ya está en vigor desde marzo, y en el que "por primera vez" se contempla en Extremadura como una de las causas de adjudicación directa de una vivienda social el desahucio judicial por impago de las cuotas hipotecarias de la primera vivienda.

Asimismo, en este decreto en vigor se da "otro paso social" en la búsqueda de la protección de los "más desfavorecidos" y se contempla la posibilidad de que los adjudicatarios de una vivienda social que hayan sufrido una "alteración significativa" de sus ingresos puedan solicitar una aminoración del 100% de las rentas de alquiler por un espacio "máximo de dos años" cuando el importe de esa renta le suponga un esfuerzo superior al 10% de los ingresos netos de las familias.

Desde que en Extremadura está en vigor este decreto, ha expuesto Del Moral, los servicios sociales de la Consejería de Fomento han atendido a 71 familias adjudicatarias legales de viviendas sociales que han solicitado acogerse a la aminoración del 100% de la renta, así como a otras 15 familias que solicitan una vivienda social como consecuencia de perder la suya por una ejecución hipotecaria.

Todos estos casos están siendo evaluados por los trabajadores de la consejería y serán resueltos dentro de la Comisión Técnica de Intervención Social de Vivienda que se celebrará la próxima semana, ha apuntado.

Medidas que dan "respuestas reales"

El consejero Víctor del Moral ha resaltado que las medidas que ya están en vigor están dando "respuestas reales" a los extremeños "más desfavorecidos o más afectados por la crisis", un hecho que, a juicio del Ejecutivo regional, evidencia una "diferencia" con otro tipo de medidas como las de Andalucía.

"Muchos nos tememos que (esas medidas) lo que buscan son titulares y cuyos resultados prácticos se alargarán en el tiempo, pues lamentablemente seguirán procesos muy complicados de dudosa legalidad en muchos aspectos y que no darán respuesta a todos los afectados", ha asegurado.

"drama social"

Por este motivo, y "consciente" del "drama social" que supone el desahucio, el Gobierno de Extremadura va a dar un "paso más" y va a "flexibilizar" los requisitos del actual decreto en vigor y que deben cumplir las familias para tener derecho a una vivienda social cuando hayan perdido su vivienda habitual.

Según ha dado a conocer Del Moral, a día de hoy el Ejecutivo extremeño dispone de 233 viviendas vacías de un parque total de 15.556 viviendas repartidas por prácticamente toda la región.

En esta línea, el consejero ha diferenciado entre viviendas vacías pero pendientes de un proceso ordinario de adjudicación como vivienda social y entre viviendas vacías sin procedimiento abierto, un número éste último que alcanza las 95, y por lo tanto disponibles para ser entregadas a los hipotéticos desahuciados por ejecución hipotecaria y que cumplan las condiciones del decreto actual y el próximo a aprobar.

REQUISITOS

Entre los requisitos que figurarán en este nuevo decreto, Del Moral ha avanzado que en cuanto al límite de ingresos quedará establecido a través de una serie de variables que pondrán en relación los ingresos de la unidad familiar, el número de perceptores y el Iprem.

Igualmente, ha indicado que no será aplicable el requisito del decreto ahora en vigor de tres años de residencia en un municipio para acceder a vivienda social, ya que la Administración regional no siempre podrá poner a disposición de estas personas una vivienda social en la misma localidad en la que residen.

Por otra parte, el contrato que se formalice en este caso tendrá una duración de tres años, que podrá ser prorrogado si se mantiene la situación "de necesidad" de las familias; y en cuanto al importe de las rentas de alquiler que las familias adjudicatarias deberán abonar serán las mismas establecidas para las viviendas de promoción pública, y que varían en función de la localidad en la que se encuentra la vivienda en cuestión.

"optimización" del parque de vivienda

El consejero Víctor del Moral ha resaltado que desde el inicio de la legislatura se ha perseguido la "optimización" del parque de viviendas sociales propiedad del Ejecutivo regional con el objetivo de "asegurar" que estas viviendas estén en manos de quien "verdaderamente lo necesite" y no en manos, "algunas veces, de aprovechados" y "desalmados".

De esta forma, ha resaltado que en ocasiones los "aprovechados" hacen "mal uso" de las mismas, y ha añadido que las utilizan como "segunda residencia" e incluso como "almacén", además de constatarse que algunas de estas viviendas propiedad del Gobierno de Extremadura son "realquiladas por el doble de precio del alquiler social con la paradoja de que el alquiler social encima no se pagaba a la Junta de Extremadura".

Por este motivo, el Gobierno extremeño va a impulsar una revisión general de todo su patrimonio inmobiliario para comprobar la situación actual y para detectar y resolver "posibles casos de mal uso o abuso" del patrimonio público.

A falta de esta revisión general, Del Moral ha informado de que desde el inicio de la legislatura un total de 408 familias han podido acceder a una vivienda social. De ellas, 220 eran nuevas y 188 han sido viviendas recuperadas.

Igualmente, el Gobierno de Extremadura está construyendo en distintas localidades de la región 34 promociones, con una inversión de más de 7,5 millones de euros. Además de contar en 2013 con un presupuesto que supera los 3 millones de euros para conservar este patrimonio.

Favorecer el acceso de jóvenes a la vivienda

Igualmente, y entre los acuerdos que se aprobaron en el Consejo Extraordinario de Gobierno, Del Moral ha resaltado las ayudas que se impulsarán para favorecer el acceso a la vivienda para menores de 35 años, ayudas que se incluyen en el Plan de Rehabilitación de Viviendas de

Extremadura, que desde hoy se encuentra a exposición pública.

Por otro lado, y preguntado por los periodistas sobre los datos ofrecidos ayer por el INE sobre el número de viviendas vacías con las que cuenta la región, Del Moral ha señalado que por ese motivo el Gobierno de Extremadura, a través del Plan de Vivienda regional, no promoverá ayudas públicas para la construcción de nuevas viviendas sino para la rehabilitación y fomento del alquiler.

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