El consejero de Fomento y Vivienda, Víctor del Moral, ha informado de que el decreto que va a "flexibilizar" el actual en vigor y que deben cumplir las familias para tener derecho a una vivienda social cuando hayan perdido su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria podría estar publicado en un plazo que rondaría un mes y medio.

Del Moral ha dado a conocer que dicho decreto se aprobará "de manera urgente" conforme a lo acordado en el pasado Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado a principios de este mes de abril y por el que se establecerán las condiciones y el procedimiento para regular la adjudicación de vivienda de promoción pública para los desahuciados de su primera vivienda.

Dicha medida, según ha recalcado, tendrá carácter retroactivo para aquellas familias que perdieron su vivienda desde el 1 de enero de 2011. En esta línea, Del Moral ha resaltado que el Gobierno de Extremadura está siendo "pionero" en la puesta en marcha de medidas que "ya" están dando "respuesta real" a aquellas familias que han perdido la que era su primera vivienda por una ejecución hipotecaria.

A este próximo, se une el hecho de que el Ejecutivo regional ha promovido la modificación de un decreto que data de 2006 que regulaba el procedimiento de adjudicación de vivienda de promoción pública, modificación que ya está en vigor desde marzo, y en el que "por primera vez" se contempla en Extremadura como una de las causas de adjudicación directa de una vivienda social el desahucio judicial por impago de las cuotas hipotecarias de la primera vivienda.

Asimismo, en este decreto en vigor se da "otro paso social" en la búsqueda de la protección de los "más desfavorecidos" y se contempla la posibilidad de que los adjudicatarios de una vivienda social que hayan sufrido una "alteración significativa" de sus ingresos puedan solicitar una aminoración del 100% de las rentas de alquiler por un espacio "máximo de dos años" cuando el importe de esa renta le suponga un esfuerzo superior al 10% de los ingresos netos de las familias.

Desde que en Extremadura está en vigor este decreto, ha expuesto Del Moral, los servicios sociales de la Consejería de Fomento han atendido a 71 familias adjudicatarias legales de viviendas sociales que han solicitado acogerse a la aminoración del 100% de la renta, así como a otras 15 familias que solicitan una vivienda social como consecuencia de perder la suya por una ejecución hipotecaria.

Todos estos casos están siendo evaluados por los trabajadores de la consejería y serán resueltos dentro de la Comisión Técnica de Intervención Social de Vivienda que se celebrará la próxima semana, ha apuntado.