El Valedor do Pobo ha explicado que desde la presentación, en diciembre, del documento de propuestas para "atajar el grave problema de las ejecuciones hipotecarias con el consiguiente desahucio de familias", el alto comisionado ya dio trámite a medio centenar de expedientes relacionadas con el asunto.

Según ha indicado, la consolidación de su papel de mediador hace que las familias que atraviesan situaciones de extrema necesidad y abocadas a la privación de su vivienda habitual confíen en el trabajo que desarrolla el Valedor. Así, ha explicado que su intervención en algunos de estos casos permitió paralizar procedimientos "especialmente graves" y "dar salidas razonables a familias afectadas".

De este modo, "como un paso más en este empleo", la institución que preside José Julio Fernández ha puesto a disposición de los interesados un teléfono directo 981 571 900 disponible las 24 horas para atender a sus reclamaciones sobre procesos de desahucios.

En concreto, la función de mediación desarrollada por el Valedor se centra en la fase de establecer contactos con representantes de entidades financieras que operan en la Comunidad. Hasta el momento, la institución ha indicado que conoció casos que afectan a clientes que tenían contratadas sus hipotecas en Novagalicia Banco, Banco Popular, BBVA, Bankia, Banco Santander, Bankinter, Barclays, Caja España, La Caixa y Banesto.

Según ha indicado el Valedor do Pobo, pese a la diferente receptividad apreciada en unos y otros casos, responsables de la defensoría pudieron mantener encuentro con portavoces de las entidades y recibir información sobre las particularidades de cada caso.

Salidas razonables

Como resultado de las reuniones, la defensoría gallega incide en la necesidad de que se expulsen, "de forma automática", las cláusulas abusivas apreciadas en los contratos. La institución ve "conveniente" que se llegue a acuerdos para solucionar las crisis de pago y, en su caso, para "profundizar en salidas como la dación en pago o el alquiler social".

Las gestiones promovidas por la defensoría también han permitido encontrar colaboraciones en los colegios de abogados de la comunidad, para garantizar la defensa jurídica de los afectados, a través de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria que tienen las entidades colegiales habilitadas al respecto.

Asimismo, el alto comisionado ha destacado que mantiene "una relación muy fluida" con representantes de las plataformas antidesahucios que operan en la comunidad , principal canal de llegada de quejas a la institución.

Por último, ha apuntado que "no menos habituales" resultan los contactos con los servicios sociales de diferentes localidades y con las autoridades municipales. "De hecho, en uno de los últimos casos tratados por el Valedor se consiguió solucionar un problema de empadronamiento que afecta a una pareja sometida en un procedimiento de privación de la vivienda", ha recordado.