Los vecinos madrileños están perdiendo el miedo a meterse en litigios con las administraciones públicas. En los últimos años, los ciudadanos (de forma particular o, principalmente, a través de asociaciones vecinales) han presentado decenas de demandas judiciales contra los ayuntamientos de la región o la Comunidad de Madrid. Entre los casos más recientes y todavía abiertos, hay denuncias o peticiones de amparo judicial por el ruido de terrazas y carreteras, por los olores del vertedero de Valdemingómez, por obras consideradas irregulares o por instalaciones que, a juicio de los demandantes, no cumplen los requisitos sanitarios y de seguridad.

"La gente está cada vez más movilizada y deciden usar todos las vías a su alcance para hacer frente a los atropellos de que estamos siendo objeto. Los ciudadanos están indignados al ver que los primeros que incumplen las leyes son aquellos que las crean. Así que piden explicaciones: primero por la vía de la movilización política y social; y, cuando esto no se consigue, acuden a los tribunales", explica Ignacio Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm). "Es un mérito por su parte, porque las administraciones públicas tienen más recursos para pleitear, pero la gente está perdiendo el miedo a los poderosos", añade el líder vecinal.

La crisis y la creciente indignación ciudadana están provocando esta intensificación de la litigiosidad contra el gobierno autonómico y los municipales. De hecho, entre 2006 y 2011 (último año disponible en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), el número de asuntos atendidos por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid se ha incrementado un 36,2%. Estos tribunales resuelven demandas presentadas contra la actuación de las administraciones públicas. "Sin embargo, se esfuerzan en poner trabas para que la gente se eche atrás. Las tasas judiciales y el pago de las costas en caso de perder el litigio son claramente medidas para que los ciudadanos desistan de demandar a una administración", explica José Antonio Jiménez, abogado especialista en casos relacionados con el movimiento vecinal.

"Hay muchas posibilidades de perder, por la fortaleza de la Administración. Pero es importante intentarlo si crees que tienes razón legal", apunta Pedro Casas, presidente de la asociación de vecinos de Carabanchel Alto y experto en luchas judiciales contra el Ayuntamiento de Madrid. Hace años, Casas se puso a la cabeza en las demandas vecinales contra la ampliación de los parquímetros a los barrios periféricos y contra la tasa de basuras. En ambos casos, el juez sentenció a favor del Ayuntamiento, pero él no se rinde: "Ahora tenemos otras demandas en curso y pendientes de presentar", asegura Casas.

Los vecinos del barrio de Las Letras, de Ópera-Austrias y de Chueca han amagado en varias ocasiones con llevar al Ayuntamiento de Madrid a la Fiscalía de Medio Ambiente por el ruido provocado por las terrazas. Acusan al Gobierno local de fomentar la "privatización del espacio público" y "no controlar el nivel sonoro". En estos momentos, los de Ópera-Austrias estudian "medidas legales". Incluso, la asociación de vecinos Cavas-Costanillas (en La Latina) ha publicado una "guía para reclamar legamente por ruido", en la que recomiendan diferentes vías: el Contencioso-Administrativo "contra la inactividad de la Administración", reclamando "una indemnización por las consecuencias de sus acciones u omisiones"; la vía penal "en casos de grave riesgo para la salud", demandando "al autor de los ruidos y a la autoridad o funcionario que los hubiere consentido"; y, como última opción, "un recurso de amparo ante el Constitucional por violación del derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio".

Los vecinos del PAU de Vallecas acudieron a la Fiscalía de Medio Ambiente para pedir responsabilidades al Ayuntamiento ante los malos olores procedentes del vertedero de Valdemingómez. El hedor, según la denuncia vecinal, procedía de la planta de compostaje de Las Lomas. Finalmente, el Ayuntamiento cerró el sector problemático y trasladó los procesos de fermentación a otras zonas, por lo que la Fiscalía archivó las diligencias. Los vecinos reconocen que "ahora huele mucho menos", aunque "todavía se reciben ráfagas". Por ello, planean volver a la carga: "Estamos a la espera del resultado de un estudio olfatométrico. En función de esos resultados, posiblemente actuaremos de nuevo".

La asociación vecinal Carabanchel Alto ha emprendido una lucha contra el Ayuntamiento por "la concesión de una licencia de obra a la funeraria" para construir unos hornos crematorios en el cementerio. Los vecinos alegan que el estudio de impacto ambiental no corresponde con el proyecto y que se la superficie construida multiplica por cuatro a la prevista en el planeamiento. "Es una violación flagrante del Plan General Urbanístico", dice Pedro Casas. Están a la espera de que el juzgado del Contencioso se pronuncie.

El Paseo de Extremadura, a su paso por el barrio de Batán (Latina), actúa como prolongación de la autovía A-5. Los vecinos protestan por el ruido de los coches, que supera los 75 decibelios de media durante el día. Tienen un litigio abierto con el Ayuntamiento de Madrid, al que piden que soterre la carretera o modere el paso de vehículos. En 2008 acudieron a la Fiscalía de Medio Ambiente y el Consistorio se comprometió a tomar medidas. "Pero no han hecho nada por solucionarlo. Un informe del Seprona demuestra que se sobrepasan los límites legales de ruido. Así que seguiremos viéndonos en tribunales", explica Manuel Iglesias, el abogado de los vecinos.

Los vecinos de Morata se han levantado contra la instalación de una incineradora de residuos en la cementera situada en el municipio. La Comunidad es la encargada de autorizar esta infraestructura y realizar un estudio de impacto ambiental. A finales del año, los residentes  denunciaron a la Comunidad ante la Fiscalía de Medio Ambiente, al entender que supone "graves riesgos para la salud" por la emisión de residuos tóxicos.

La construcción de una gasolinera en Butarque (Villaverde), a escasos metros de las viviendas y junto a la parcela destinada a un centro de salud, ha puesto en pie de guerra a los residentes del barrio. Su asociación de vecinos ha interpuesto un recurso contra el Ayuntamiento de Madrid ante el Contencioso-Administrativo, que ha sido admitido a trámite. Los vecinos denuncian "la concesión irregular de la licencia" de la estación de servicio. Alegan que el Consistorio "se ha saltado los trámites legales", ya que se cambió el proyecto inicial sin abrir un nuevo proceso, lo que les impidió presentar alegaciones. "Los estudios demuestran que el benceno que desprenden las gasolineras tiene efectos cancerígenos", dice Antonio Abueitah, de la asociación vecinal. La Concejalía de Urbanismo defiende que "la licencia está concedida de acuerdo al planeamiento y hay informe positivo de declaración de impacto ambiental por parte de la Comunidad".

En Chamberí está la prueba de que las batallas vecinales contra la Administración, a veces, surten efecto. El Tribunal Supremo acaba de declarar ilegal el campo de golf que construyó la Comunidad sobre el depósito del Canal en Chamberí. La sentencia indica que la Comunidad no cumplió los requisitos legales: el Ayuntamiento de Madrid le denegó la licencia y, para sortear este obstáculo, el Gobierno regional optó por declarar el proyecto como de interés general. "Ahora el campo de golf debe ser legalizado o clausurado", aclara el abogado de los vecinos, José Antonio Jiménez. Los residentes reclaman que en su lugar se construya un parque público.