La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha adelantado este miércoles que "peleará" para que las Administraciones implicadas en el proyecto de soterramiento del ferrocarril -Ministerio de Fomento, Principado y Ayuntamiento— hagan aportaciones económicas al Plan de Vías ya que, a su juicio, va a ser "muy difícil" que se pueda desarrollar la operación solo por la vía de la venta de suelo.

Moriyón, en respuesta a los medios de comunicación tras la recepción al equipo de balonmano recientemente ascendido a la Liga Asobal, ha explicado que la primera fase que se va a ejecutar, y cuyo horizonte final se prevé para 2020, cuesta unos 190 millones de euros. Y aunque la tasación de los terrenos liberados es de 243 millones de euros, ha recalcado que ahora solo se van a poner a la venta unas parcelas, previsiblemente en enero de 2014.

Según la regidora, todo el mundo "con sentido común" piensa que esto no se puede abordar esperando que se venda el terreno, por lo que propondrán a Fomento que en el presupuesto de 2014 se contemple una partida para el proyecto. Ha incidido en que no se puede comparar con otras proyectos de soterramiento en otras ciudades, para los que tampoco hay aportaciones, ya que Gijón se encuentra "empantanado" por el retraso en los trabajos y da muy mala imagen en su entrada a la ciudad.

Así lo planteará en la reunión de trabajo que tendrá lugar este próximo jueves en Madrid, en la que ha indicado que el Principado deberá pronunciarse sobre si va a ceder una planta del Palacio de Justicia de Poniente, una vez completado el traslado a los nuevos Juzgados, para los trabajadores de la extinta FEVE que aún permanecen en el Humedal, para que pueda demolerse la estación. La alcaldesa quiere saber si podría ceder ese espacio, o bien alquilarlo o que el alquiler sea con opción de compra.

Edificio de poniente

Dicho esto, ha recordado que el Ayuntamiento selló un acuerdo en 1992 por el que cedía la parcela sobre la que se asientan los Juzgados al Ministerio de Justicia, de cara a la construcción del citado edificio. En la escritura, firmada un año después, se recoge la obligatoriedad de construir el inmueble en un plazo máximo de cinco años, algo que se hizo, y mantener los usos por 30, un tiempo que aún no ha concluido.

En este caso, si se destina a otros usos, revertería gratuitamente tanto la parcela como el edificio al Ayuntamiento. Y aunque desconoce si hubo un acuerdo posterior, Moriyón llevará ese documento a la reunión del jueves. A esto ha sumado el acta de la Sociedad Gijón al Norte, que gestiona el Plan de Vías, en el que se acuerda trasladar a los trabajadores de FEVE antes citados al Palacio de Justicia de Poniente, por lo que se abonaría un máximo de siete millones de euros al Principado. Un pacto que piensa que se hizo desconociendo el acuerdo de 1992.

En cuanto a la marcha de las obras, ha resaltado que ya exista un calendario de actuaciones. En concreto, para 2013 quedaría la desafectación del uso ferroviario de las parcelas subdividas por el Ayuntamiento -las más cercanas al Humedal—, el traslado de los trabajadores de FEVE después del verano y la demolición de la estación.

Con ello, las primeras parcelas se pondrían a la venta en enero de 2014, con lo que se podría sondear el mercado y conocer su valor real y si hay interés por este terreno. Asimismo, se iniciaría en 2015, y por un plazo de cuatro años, la estación subterránea paralela a la de Sanz Crespo, mientras que la de plaza de Europa empezaría en 2017 con tres años de ejecución, y la conexión de esta con el túnel del 'metrotren' en 2016 (tres años de construcción).