El fiscal general egipcio, Talaat Ibrahim, ordenó el traslado del expresidente Hosni Mubarak del hospital en el que está ingresado a la cárcel de Tora para seguir cumpliendo prisión preventiva, informaron afuentes de la Fiscalía. Esta resolución se produce después de que los informes médicos encargados por el fiscal revelaran que el expresidente puede ser tratado en el hospital de la cárcel, ya que este dispone de los recursos necesarios para atenderle.

El Ministerio Público pidió el pasado 13 de abril, día en el que comenzó la repetición del juicio contra Mubarak, un informe global sobre el estado de salud del exmandatario para estudiar la posibilidad de volver a trasladarlo a Tora. Los informes concluyen que no es necesario que Mubarak permanezca en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Maadi, donde está ingresado desde finales de diciembre por motivos de salud.

La medida de la Fiscalía General se conoce el misma día que el Tribunal de Casación de El Cairo fijó una nueva fecha para la repetición del juicio contra el expresidente por su implicación en la muerte de manifestantes en la revolución de 2011 que lo desbancó del poder. Según dijeron fuentes judiciales, el próximo 11 de mayo un nuevo tribunal penal iniciará este proceso, después de que el anterior juez se inhibiera del caso el pasado sábado.

El exmandatario ha ido alternando la cárcel y el hospital y recientemente solicitó su puesta en libertad, pero hace dos días un tribunal falló que podía quedar libre en la causa de la muerte de manifestantes aunque debe continuar detenido por otros casos de corrupción.

Un tribunal penal de Egipto condenó este miércoles al primer ministro egipcio, Hisham Qandil, a un año de cárcel y a la suspensión de su trabajo por no acatar una orden de una corte.

Qandil ha sido procesado por incumplir una resolución de un tribunal administrativo, que le obligaba a devolver al Estado una propiedad estatal privatizada por su Ejecutivo.

El Tribunal Penal de Doki, cuyo fallo se puede apelar, obliga también al primer ministro al pago de una fianza de 2.000 libras egipcias (unos 218 euros). Según una orden emitida anteriormente por un tribunal administrativo, Qandil tenía que devolver la propiedad de la fábrica de lino de Tanta, al norte de El Cairo, al Estado después de haberla privatizado.

Esta orden exigía a Qandil que las condiciones de trabajo de los empleados de esa compañía vuelvan a ser las mismas que antes de la privatización. La actuación del Ejecutivo de Qandil, que lleva en el cargo desde julio pasado, ha suscitado las críticas de la oposición, que consideran que sus políticas obedecen los dictados del presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, y de los Hermanos Musulmanes.