El presidente del Senado, Pío García Escudero, afirma que la reforma de la Ley de Costas aplica "el sentido común y la racionalidad", y supone un "punto de equilibrio" entre la defensa del litoral y la de la propiedad privada.

Para García Escudero, se trata de una "buena ley" precisamente porque hace "compatible" la protección de las costas españolas con la de la propiedad y el fomento de la economía, otorgando seguridad jurídica.

Además, ha destacado este miércoles en Santander el papel de Cantabria en el origen de esta normativa, uno de los primeros proyectos de ley del Gobierno Rajoy en hacerse realidad, puesto que el movimiento para modificarla se inició por los afectados por la Ley de Costas de esta comunidad, cuya postura canalizaron el actual presidente regional, Ignacio Diego (entonces líder de la oposición), la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, (entonces senadora 'popular') y los senadores del mismo partido, Gonzalo Piñeiro y Encarnación Salmón.

El presidente de la Cámara Alta, de visita institucional en Cantabria, se ha pronunciado así durante su intervención en un acto organizado por la Asociación de Afectados por la Ley de Costas (Acalco), cuyos integrantes, así como los de Raos 99, han agradecido a los 'populares' la modificación de una normativa que perjudicaba a más de 1.200 empresas y a 25.000 puestos de trabajo directos en esta región al establecer el fin de las concesiones de los afectados en 2018. Ahora se prorrogan hasta los 75 años a partir de esa fecha.

En el evento también ha estado presente el presidente cántabro, quien ha destacado que el PP ha actuado "con responsabilidad" y ha "acertado con el enfoque adecuado", próximo al "óptimo", en la reforma de esta ley "tabú".

Y en este sentido se ha referido a los afectados por la Ley de Montes, manifestando su disposición a seguir trabajando en "buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos", modificando las leyes "siempre que sea posible" para "resolver problemas", ha dicho.

Durante el acto, que se ha prolongado durante una hora y ha congregado a numerosos afectados, García Escudero ha insistido en que la reforma de la Ley de Costas es necesaria y "fruto del sentido común", y ha recordado que se aprobará la próxima semana en el Senado y en el Congreso en el siguiente Pleno.

Igualmente ha hecho hincapié en la labor de los representantes cántabros, especialmente de Leticia Díaz (que, entre otras cuestiones, consiguió el apoyo de CIU para sacar adelante la toma de consideración), en esta modificación "buscada durante mucho tiempo" porque la Ley de 1988 tenía "muchas carencias" y estaba "creando muchos problemas".

Así, ha indicado que aunque al normativa tenía como "prioridad" la defensa del litoral, porque "se han cometido muchas barbaridades", no tuvo en cuenta a los afectados al establecer una caducidad de las concesiones a 30 años. Ahora, el Gobierno aplica el "sentido común" y pretende defender el litoral pero también dotar de seguridad jurídica y abordar "muchas cuestiones que no estaban resueltas".

Convertir el paisaje en valor

Por su parte, Diego ha destacado que el territorio "muy especial" de Cantabria comporta dos retos "muy singulares" que son la protección del territorio y convertir "en un valor" su paisaje. Por eso ha sido consciente de la "trascendencia" de la Ley de Costas para la comunidad puesto que afectaba al tejido productivo "de manera singular" y podía suponer la pérdida de "miles" de puestos de trabajo y el cierre de "cientos" de empresas, unas consecuencias que "no podíamos asumir por más que fuera una ley tabú".

Así, ha continuado, el PP afrontó el problema, "actuó desde la responsabilidad", tanto cuando estaba en la oposición como en el gobierno, y con la intención de resolverlo, consiguiendo un "enfoque adecuado, que se acerca al óptimo".

De ello el presidente extrae la lección de que "no es lo mismo un tipo de gobierno que otro; no son iguales unos políticos y otros". De hecho, ha subrayado que el Gobierno anterior PRC-PSOE, "ante un problema de toda Cantabria, no quiso hacerle frente" porque suponía enfrentarse a "conceptos que se consideraban inamovibles".

Pero el PP lo ha hecho, y como ejemplo, además de la Ley de Costas, se ha remitido al céntimo verde. "Me han acusado de tomadura de pelo y de paripé pero hemos conseguido arreglarlo", ha remarcado.

Finalmente ha reconocido la labor "exigente y pertinaz" de los afectados en "constante defensa" de sus intereses, pero también "cívica y respetuosa", lo que a Diego le anima a seguir luchando. "El mérito está en toda la sociedad de Cantabria, que se hace eco de un problema y se encuentra una solución", ha concluido.

Desafectar raos y problemas con la ley de puertos

Por su parte, el presidente de la Asociación Raos 99, Francisco Meng, ha destacado que, una vez aprobada la reforma de la Ley de Costas, es "el momento" de conseguir la desafectación del polígono de Raos del Puerto de Santander. Se trata, ha dicho, de una "franja estrecha" que al Puerto "no le resuelve nada" mientras que los concesionarios (más de 140 empresas) pagan "gravosas tasas" por estar en zona portuaria.

Además, ha advertido de que la Ley de Puertos podría suponer "nubarrones" que "enturbien la ilusión" por la aprobación de la Ley de Costas ya que la Autoridad Portuaria de Santander podría aplicar un nuevo recorte de las concesiones hasta 2027 siguiendo la primera normativa.

Meng también ha agradecido al PP, especialmente a García Escudero y a Diego, la reforma de la ley que supone para las empresas la recuperación de todo su patrimonio, haciendo con ello posible su financiación, lo que "anima a continuar y ampliar" negocios.

Un agradecimiento que también ha manifestado el presidente de Acalco, José Luis Thomas, que ha afirmado que el PP fue "la única tabla de salvación" de los afectados — sobre todo García Escudero, Diego y Díaz, a la que ha calificado de "luchadora"— porque ni PRC ni PSOE respondieron a sus peticiones, aunque sí contaron con el apoyo de CC.OO y UGT, así como de la Cámara de Comercio y la Cámara Agraria.

También ha reivindicado a las 400 explotaciones ganaderas afectadas en Cantabria, a las que la actual ley hubiera ocasionado "un daño irreparable", y a las "víctimas" de la normativa, que llevan 25 años soportando su carga "moral y económica".