El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha ofrecido este miércoles al portavoz municipal del PSOE, Juan Pablo Durán, el portavoz de IU, Francisco Tejada, y el representante de la vicepresidencia de la Junta en Córdoba y coordinador provincial de IU, Pedro García, decirles "cuántas viviendas tiene vacías" el Gobierno andaluz en Córdoba, puesto que, a su juicio, "debería dimitir quien no sabe cuantas viviendas vacías tiene la Junta".

Así ha respondido Nieto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, después de que este martes pidiera al alcalde que cese de modo "inminente" a la edil de Familia y Servicios Sociales, María Jesús Botella, si no rectifica o demuestra sus declaraciones de que la Junta de Andalucía tiene unas 150 viviendas de protección oficial (VPO) vacías en la capital cordobesa.

En una rueda de prensa, acompañado por la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, Nieto ha destacado que el Ayuntamiento tiene "un servicio compartido" con la Junta "para la asignación de viviendas de protección social y algo sabemos de la disponibilidad de vivienda que tiene la Junta".

En este sentido, apunta que no tiene problema en que "si la Junta no sabe cuantas viviendas vacías tiene en Córdoba, se lo puedo decir, le puedo decir los consumos que tienen de agua" en dichas viviendas a través de la empresa municipal de aguas de Córdoba (Emacsa), y aunque comenta que no lo hará "si no se autoriza porque es un cliente que evidentemente tiene su derecho a la protección de datos", en el caso de que la Junta le autorice, agrega, "no tengo problema en comparecer para decir cuántas viviendas por el consumo de agua están vacías y son titularidad de la Junta".

Al respecto, el regidor comenta que desde la administración local se analiza "cómo se puede aplicar" el decreto ley de la función social de la vivienda aprobado por la Junta, "que obliga a que se le faciliten datos sobre consumo de particulares y clientes de Emacsa", algo que "puede suponer un choque con otra ley fundamental, como es la Ley de Protección de Datos", de modo que "podría ser impugnada cualquier medida que se adoptara en ese sentido por cualquier persona que entendiera que su derecho a la protección se ha vulnerado", apostilla Nieto.

Por su parte, Corredera ha señalad que el PP andaluz mantiene el estudio de dicho decreto para presentar las enmiendas "necesarias" con el fin de "mejorar el texto, garantizar la legalidad y eficacia" y que "de verdad sirva para resolver los problemas de los andaluces y no ser un titular más o menos explosivo en los medios de comunicación".