El Principado firmará un convenio con siete entidades bancarias para mitigar las consecuencias de los desahucios

La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha anunciado este miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo firmará un convenio con siete entidades bancarias para mitigar las consecuencias de los desahucios en Asturias.
Los consejeros de Bienestar Social y Vivienda y de Economía del Principado
Los consejeros de Bienestar Social y Vivienda y de Economía del Principado
EUROPA PRESS
Los consejeros de Bienestar Social y Vivienda y de Economía del Principado

La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha anunciado este miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo firmará un convenio con siete entidades bancarias para mitigar las consecuencias de los desahucios en Asturias.

El acuerdo tendrá una doble vía ya que por un lado incluirá servicios de intermediación para tratar de que las familias que no pueden hacer frente a la hipoteca permanezcan en su vivienda a través de acuerdos y, por otro, se creará, en colaboración con Vipasa, una bolsa con las viviendas vacantes de los bancos que tendrán un alquiler social por un año prorrogable hasta tres, asumiendo el Principado el aseguramiento de las mismas.

La firma, que se formalizará próximamente con Liberbank, Sabadell-Herrero, Santander, BBVA, La Caixa, Caja Rural de Asturias y Caja Rural de Gijón, pretende mitigar la situación de las familias desahuciadas hasta que entre en vigor la modificación del decreto que regula el acceso a las viviendas sociales del Principado.

En rueda de prensa junto al consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, la titular de Bienestar Social ha señalado que esta medida continúa con el plan de choque iniciado en noviembre por el Ejecutivo asturiano para hacer frente a los desahucios a la espera de la normativa estatal.

Así, el acuerdo con los bancos se desarrollará de forma paralela a la modificación del decreto, que actualmente se encuentra pendiente de informes y cuya entrada en vigor se prevé para dentro de dos meses. El texto reformado permitirá a las familias desahuciadas acceder a los alquileres sociales del Principado, modificando las condiciones para incorporar al criterio de adjudicación a quienes cuentan con una vivienda embargada.

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