El fiscal superior de Castilla-La Mancha ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) que anule la Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas por la que se suprimieron unas 700 plazas de interinos de la Comunidad Autónoma "por vulnerar el derecho a la negociación colectiva".

Concretamente, según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita que se tengan en cuenta los recursos interpuestos por los sindicatos STAS y UGT ante el TSJCM contra las órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de fecha de 20 de agosto por la que se modificaban la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario de la Junta y de la escala superior de sanitarios locales, especialidades de Farmacia y Veterinaria.

La Fiscalía dice que "puede afirmarse" que la Administración incurrió en "un comportamiento antijurídico" cuando "ignoró" las previsiones contenidas en varios artículos de la Estatuto del Empleados Público de los Trabajadores y que entre ese "comportamiento antijurídico" y el "resultado lesivo" para el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos recurrentes existe "un nexo de causalidad adecuado".

A juicio del fiscal superior, dicha modificación "ni siquiera fue tratada —o al menos no de manera independiente— en la reunión de la Mesa Sectorial que, según resulta del acta de la misma, se dio por concluida sin que se hiciera concreta mención a ese particular".

"La ausencia total de acuerdos, la drástica limitación de los debates y la absoluta falta de aceptación de propuesta permiten, en una primera aproximación, poner en duda que en la reunión de la Mesa Sectorial se produjera negociación alguna sino una suerte de anuncio por parte de la Administración de la modificación de la RPT que tenía previsto llevar a efecto", argumenta.

El pasado 20 de agosto el director general de Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, aseguró que el Gobierno de Castilla-La Mancha suprimirá el 43% de las plazas vacantes de la Administración Pública en esta región, una medida que buscaba la "racionalización" de los puestos de trabajo y la "eficacia".

Valoración de sindicatos

Los sindicatos STAS y UGT de Castilla-La Mancha han valorado positivamente el escrito del fiscal y han reclamado que se "depuren responsabilidades" asegurando que los argumentos de la Fiscalía tienen "una enorme relevancia".

Así, el sindicato STAS asegura en nota de prensa que tras este escrito del fiscal, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, "debe asumir responsabilidades políticas cesando inmediatamente al director general de Función Pública, José Manuel de la Fuente, para evitar volver a repetir estos episodios tan antidemocráticos y tan lesivos para la Junta de Comunidades".

Por su parte, la representante del Sector Autonómico de

Fsp ugt, Beatriz Tormo, ha recordado que la Mesa de Negociación a la que se refiere el escrito del fiscal "nació muerta desde su propia convocatoria, ya que para el Gobierno regional era un mero trámite".

"Durante la celebración de la Mesa, la parte social fue invitada en numerosas ocasiones a abandonarla, pero obviamente, nos mantuvimos firmes en nuestro propósito de negociar hasta la última coma de la propuesta", ha indicado Tormo, que ha subrayado que "el tiempo corría en contra de la Administración porque querían publicarlo al día siguiente".

También CCOO ha valorado la "imparcial" opinión jurídica del Ministerio Fiscal porque "se basa en el reconocimiento del derecho fundamental a la Negociación Colectiva, que el actual Gobierno de Castilla-La Mancha ningunea constantemente", y ha instado al consejero de Administraciones Públicas y al director general de la Función Pública "a no esperar sentencia del TSJCM para comenzar a respetarlo desde ya mismo".

CCOO, explica en un comunicado, recurrió aquella "decisión unilateral" del Gobierno regional que concluyó con el despido de cientos de interinos y dado que UGT y STAS recurrieron por la vía de los derechos fundamentales, que también CCOO considera vulnerados, este sindicato optó "por añadir otra argumentación adicional, basada en la falta de motivación de la decisión de suprimir los puestos de trabajo, para así duplicar las posibilidades jurídicas de defender a los despedidos".