La Comisión Nacional de Competencia (CNC) recomienda a los ayuntamientos que cedan a las empresas privadas la prestación de determinados servicios en los que la introducción de competencia no afecte a su carácter de interés público.

Entre estos servicios cita al transporte urbano de viajeros, la recogida y tratamiento de residuos o los servicios de abastecimiento y depuración de aguas.

Así lo indica la CNC en el informe que ha emitido sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que considera presenta "aspectos susceptibles de profundización, mejora o precisión" para que el texto favorezca la competencia.

Para este organismo, esta ley constituye una "oportunidad difícilmente repetible para potenciar la racionalidad y diversos elementos favorecedores de la competencia efectiva en las decisiones económicas de las entidades locales".

Así, indica que el hecho de que la normativa reserve a la Administración servicios como los del agua, la basura y el transporte "debería compatibilizarse con el fomento de la competencia efectiva" y, de esta forma, recomienda que "valoren periódicamente la conveniencia de mantener esa reserva".

En este sentido, indica que la ley debería establecer que los ayuntamientos opten por ceder a la iniciativa privada un servicio cuando exista un número suficiente de oferentes interesados en prestar el servicio, un grado de competencia efectiva entre los mismos o una escasa importancia de costes de entrada.

"Esta opción es preferible para la competencia y la eficiencia frente a la constitución de entidades instrumentales públicas o mixtas", asegura Competencia.

"El interés público perseguido debe ponderarse con el daño a la competencia derivado de que el prestador sea público", indica el organismo. "Sólo ante la constatación de que no existen alternativas menos restrictivas de la competencia para conseguir el fin perseguido se debería instrumentar la participación activa de los entes locales como prestadores de estos servicios", añade.

Contra los costes estándar.

En la misma línea, Competencia sugiere en su informe que el texto de la ley "reconsidere" la fijación de un coste estándar para determinados servicios y lo sustituya por la introducción de más competencia en su prestación.

El organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós valora que se introduzca este coste como elemento de evaluación de la eficiencia en la gestión de los servicios. No obstante, estima que "la introducción de competencia efectiva en la prestación del servicio, allí donde sea posible, puede contribuir a generar tales eficiencias y a contener el gasto público sin los posibles efectos negativos sobre las dinámicas de costes".

Según Competencia, la fijación de dichos costes estándar "aumenta el riesgo de que se produzca una convergencia al alza de precios y tarifas a cobrar por dichos servicios en las distintas entidades locales, para los usuarios finales o los contribuyentes que sufraguen en todo o parte los servicios locales".