La etiqueta energética para las viviendas, como si fueran electrodomésticos, es ya un hecho. Desde el 1 de junio será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores un certificado de eficiencia energética de la casa o piso. El real decreto en el que se fija la obligatoriedad de este certificado de eficiencia energética para la venta o el alquiler durante más de cuatro meses de un edificio o parte del mismo ha sido publicado este fin de semana en el BOE.

La norma forma parte de un paquete de medidas aprobadas a comienzos de mes por el Gobierno relativas al apoyo a la vivienda y a la rehabilitación, y tiene como objeto trasponer a la legislación española la directiva comunitaria acerca del procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Este certificado debe indicar la calificación energética del edificio; desde la A –la más eficiente– a la G –la menos eficiente–. Además, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios.

La Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (Anae) celebra la medida, porque "aunque ocasiona un gasto para los propietarios, es un paso adelante y proporciona una información muy útil que será de vital importancia para los consumidores a la hora de elegir entre varios inmuebles".

Pero precisamente esa cuestión, la del precio, aún no está aclarada. Los expertos calculan que para un piso de 90 m2 la etiqueta costará un mínimo de 100 euros y un máximo de 250. El certificado lo pagará el propietario y tendrá una validez de 10 años.

Según Anae, los nuevos certificados energéticos serán expedidos por arquitectos, ingenieros o técnicos, todos ellos debidamente cualificados. En la actualidad, existe un gran número de ingenierías y asesorías energéticas que ofrecen este servicio.

Para ello, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) se ha encargado de llevar a cabo un plan para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección.

El IDAE también se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de viviendas y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente.

Según el Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), en España, el 80% de los hogares, unos 18 millones, necesitan una rehabilitación energética para mejorar sus sistemas de calefacción y aislamiento y aumentar el ahorro.