La isla ante la que naufragó el Costa Concordia pide una indemnización de 80 millones

  • El ayuntamiento de la isla italiana pide esta cantidad por los daños sufridos.
  • El barco se encuentra aún encallado con vistas a poder remolcarlo.
  • Costa Cruceros tiene previsto constituirse como parte civil en el juicio.
  • El capitán Schettino está en libertad desde el pasado 5 de julio.
Periodistas captan imagenes del crucero 'Costa Concordia', semihundido en aguas de la isla italiana de Giglio.
Periodistas captan imagenes del crucero 'Costa Concordia', semihundido en aguas de la isla italiana de Giglio.
Enzo Russo / EFE
Periodistas captan imagenes del crucero 'Costa Concordia', semihundido en aguas de la isla italiana de Giglio.

El ayuntamiento de la isla italiana del Giglio, en cuyas aguas naufragó el 13 de enero de 2012 el crucero Costa Concordia, ha solicitado un resarcimiento de 80 millones de euros por los daños sufridos, durante la primera vista de la audiencia preliminar del proceso celebrada este lunes.

Una vista a la que asistió el capitán del barco, Francesco Schettino, principal imputado en el caso y al que la fiscalía atribuye los delitos de homicidio culposo múltiple, abandono de nave, naufragio y de no haber informado inmediatamente a las autoridades portuarias de la colisión contra un escollo que provocó el naufragio, informaron los medios de comunicación italianos.

El crucero sigue encallado

La petición de resarcimiento por parte la isla toscana del Giglio, ante cuyas costas sigue encallado el crucero mientras siguen adelante los trabajos para remolcarlo, fue presentada por su abogado, Alessandro Maria Lecci, quien solicitó que el ayuntamiento pueda constituirse como parte civil en el proceso.

Por otro lado, los representantes legales de la naviera Costa Cruceros, propietaria del buque, confirmaron este lunes su intención de constituirse también como parte civil en el proceso ya que, consideran, que la empresa ha sufrido "un daño enorme a consecuencia de la pérdida de la nave".

El pasado miércoles, durante la fase de instrucción del proceso, la juez encargada del caso, Valeria Montsearchi, aceptó el acuerdo del pago de un millón de euros por parte de la naviera como sanción administrativa, por lo que concluía la investigación que existía sobre ésta por la actuación de sus empleados en la tragedia.

Petición de damnificados para confiscar la nave

Sin embargo, durante la vista de este lunes un centenar de damnificados por el naufragio presentaron de forma conjunta una petición para que se confisque una nave y cuotas del accionariado de Costa Cruceros.

"Hemos pedido ante la fiscalía una petición para que se amplíen las investigaciones contra Costa Cruceros porque (consideramos que) el acuerdo alcanzado no cierra el caso. Hemos pedido un millón de euros como indemnización para cada uno de los pasajeros y pediremos que se confisque uno buque y acciones", explicó uno de los abogados de este grupo de pasajeros que viajaban en el Concordia.

La fase de instrucción del proceso comenzó el pasado 3 de marzo y se celebra en el Teatro Moderno de Grosseto (centro de Italia), convertido en un aula de un tribunal debido a la gran cantidad de personas que han pedido asistir.

Durante esta fase del proceso se decidirá si enviar a juicio a Schettino, así como sobre el resto de imputados en el caso, el segundo en el puente de mando, Ciro Ambrosio; la oficial, Silvia Coronica; el timonel Jacob Rusli, el jefe de los servicios de a bordo, Manrico Giampedroni, y el jefe de la unidad de crisis de Costa Cruceros en tierra, Roberto Ferrarini.

En la noche del 13 de enero, el crucero encalló a pocos metros del Giglio tras haber chocado contra un escollo durante una maniobra realizada por el capitán para acercase a la costa y que se conoce como "saludo".

Desde el impacto hasta que se produjo el desembarco de los 4.229 pasajeros y miembros de la tripulación pasaron varias horas sin que se diese la orden de abandonar el barco y éste, debido a la entrada de agua, se inclinó poco a poco.

Schettino está desde el 5 de julio en libertad, después de que la jueza Montesarchio decidiese sustituir el arresto domiciliario dictado por ella misma el 17 de enero por la obligación de someterse a controles rutinarios en el municipio en el que reside, Meta di Sorrento (sur).

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