El Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente (Magrama) convocará próximamente a los consejeros y técnicos del ramo de las distintas autonomías con el fin de ir perfilando la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en España, recogiendo así el guante lanzado hoy por la titular del departamento castellanoleonés, Silvia Clemente.

El compromiso ha sido adquirido por el ministro, Miguel Arias Cañete, durante el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios celebrado en Madrid, a petición de Clemente, que reclamaba la necesidad de constituir ya un grupo de trabajo para conocer la 'hoja de ruta' a la hora de aplicar la nueva PAC en territorio nacional "y llevar a cabo las reuniones técnicas necesarias para ir despejando algunas incógnitas que afectan en dicha materia a las CC.AA".

El ministro, tal y como ha apuntado la consejera, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha pedido no obstante tiempo al objeto de que concluyan los 'trílogos' entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo iniciados el 11 de abril y que volverán a celebrarse el 18 y 25 del presente mes para la reforma de los reglamentos de la PAC, "que están en la recta final".

En este sentido, la consejera castellanoleonesa se ha felicitado de que la entrada del Parlamento Europeo en ese diálogo a tres bandas garantiza la posibilidad de alcanzar un acuerdo político que introduzca modificaciones en los reglamentos, algo antes imposible ya que la Comisión Europea no corregía aquello que ya había presentado de salida.

Los 'trílogos', como así ha reconocido Clemente, han permitido avanzar aspectos destacados de la nueva PAC, como la convergencia, que se ha flexibilizado con una mayor progresividad; la superficie admisible, punto "mollar" para España en el que están de acuerdo las tres instituciones; el 'greenig' y la tasa plana, que se han "relativizado bastante" y que conducen a un modelo "más propicio para los agricultores y ganaderos profesionales".

Ayudas acopladas a la ganadería

Las conversaciones han permitido igualmente avanzar en materia de ayudas asociadas o acopladas, "muy importantes para la ganadería de Castilla y León, que era la gran olvidada de la reforma", ha enfatizado la consejera, pues ha recordado que en la Comunidad la producción final agraria se divide en un 50 por ciento entre las aportaciones de la ganadería y la agricultura, cuando en el ámbito nacional la aportación del primer sector supone tan sólo un 34 por ciento.

"Estamos hablando de un sector ganadero que copa las primeras posiciones en España, como el vacuno de carne, el ovino y el porcino", ha insistido Clemente, de ahí su preocupación por que todo lo que tiene que ver con la ganadería quede incorporado a las ayudas acopladas.

"El porcentaje aún no está cerrado y podría alcanzar un 15 por ciento si se cumplen nuestras expectativas, cuando aún están en el 12 por ciento", advierte la titular de Agricultura y Ganadería en Castilla y León, que también ha reconocido su preocupación por conseguir que las ayudas al sector azucarero, en principio con un horizonte que concluye en 2017, se prorroguen como mínimo hasta 2020 para seguir garantizando el cultivo de la remolacha.