La Junta de Andalucía denunciará el plan de las tecnocasas acordado en 2005 con el Ayuntamiento de Málaga, dejándolo, por tanto, nulo, ante la "imposibilidad" de su cumplimiento. No obstante, ha abogado por renegociar la liquidación y es que, a juicio de la Consejería de Fomento y Vivienda, el Consistorio debería de aportar de forma subsidiaria parte de esas expropiaciones.

Así lo ha señalado el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel García, tras reunirse este lunes con el responsable municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, para abordar el programa de rehabilitación de los arrabales del casco urbano. Ambos han reconocido que las posiciones están "muy encontradas".

Maldonado ha calificado la denuncia del convenio de "error y sin justificación". "Nos mostramos claramente en contra porque es un convenio entre dos partes que contó con todos los beneplácitos y que afecta a terceros", ha declarado a Europa Press, añadiendo que "no parece lógico que ahora por el hecho de que sean otros los que tienen la responsabilidad en la Consejería —en referencia a IU— se decida romper con lo que existía de manera unilateral".

García, que ha reconocido que la denuncia de un convenio puede terminar en la vía judicial, ha justificado la posición de la Junta —beneficiaria de las expropiaciones, aunque el ejecutor de las mismas es el Ayuntamiento— aludiendo a que existe "una imposibilidad económica", ya que, según ha dicho, se ha abonado por las fincas "unos 700 u 800 euros por metro cuadrado", lo que se traduce en que "no podamos construir viviendas de protección".

Además, las modificaciones llevadas a cabo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que afectan a las parcelas "hacen inviable su cumplimiento", según el delegado territorial de Fomento y Vivienda.

Reuniones técnicas

No obstante, habrá reuniones técnicas para "ver si es posible llegar a algún tipo de encuentro" en lo relativo a las personas que están pendientes del cobro de las expropiaciones, aunque el punto de partida es "distante", ha apuntado García.

Según el Ayuntamiento, están pendientes de abonar 7,2 millones de euros, una cantidad que la Junta no está dispuesta a asumir en solitario porque "el objetivo es obtener suelo residencial para rehabilitar o hacer viviendas de protección y las pastillas que quedan no permiten eso debido a las modificaciones del PGOU".

Por ello, aunque no ha concretado cifras, García ha defendido que el Ayuntamiento de forma subsidiaria se haga cargo de más de la mitad de esos 7,2 millones de euros, al igual que en lo que se refiere a lo ya abonado —unos ocho millones—; sobre todo, ha afirmado, porque "hay parcelas que estarían pagadas indebidamente, ya que el suelo no sirve para vivienda de protección".

El delegado municipal, quien ha precisado que esa deuda de más de siete millones "no es con el Ayuntamiento, sino con terceros", ha rechazado esta posibilidad, tildándola de "inasumible", ya que "es una iniciativa generada por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) para proyectos de la Junta de Andalucía y el Consistorio ha sido un mero instrumento de expropiación, pero nunca beneficiario".

"EPSA debe hacer frente a esas deudas porque hay personas que dependen de esos ingresos", ha advertido Maldonado, quien ha lamentado que estos pagos lleven parados desde hace unos tres años. Como ha precisado, el Ayuntamiento sí aceptaría quedarse con las parcelas de titularidad municipal, "pero no con las de propiedad privada".