El sindicato Manos Limpias ha denunciado este lunes ante el fiscal general del Estado a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, como presunta inductora y cooperadora necesaria en delitos de amenazas y coacciones por los escraches que se están llevando a cabo a los políticos.

La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía General para que se plantee ante la Audiencia Nacional "como órgano competente" porque "se ha amenazado a diputados que forman parte del poder legislativo y a otras altas autoridades del Estado", como es el caso del presidente del Congreso y la vicepresidenta del Gobierno.

Según Manos Limpias, los escraches son hechos "presuntamente delictivos" que "se vienen desarrollando por la PAH contra representantes de la soberanía nacional y cuya máxima dirigente es la activista Ada Colau". Según ellos, está acreditado que las intervenciones en medios de comunicación de Colau están marcando las líneas de actuación en los hechos denunciados.

La denuncia atribuye a Colau la comisión de posibles delitos de amenazas y coacciones, y contra la instituciones del Estado y atentado, en calidad de inductora y cooperadora necesaria.

Según el colectivo, "no se trata de criminalizar" a nadie, pero cuando "estos hechos inciden en ilícitos penales, no pueden quedar impunes bajo el pretexto de que se criminalizan sus acciones"

El escrito redunda en que el comportamiento de Colau "entra en permanente confrontación con la convención de los derechos del niño, ya que gran parte de las víctimas colaterales son los menores que han contemplado, viven y sufren los ataques sufridos en el domicilio de sus padres".

Añade que, "a mayor abundamiento de prueba", en la página web de la plataforma y en las redes sociales, mencionan a la denunciada como la inductora y cooperadora necesaria en los presuntos delitos de coacciones y amenazas; y que se está produciendo un ataque a una de las instituciones básicas del sistema constitucional y democrático, como  es el poder legislativo y a altas autoridades del Estado, como es el caso de la vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dice la denuncia.

Añade que "existe un cauce legal que se utilizó por la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca, a través de lo que se conoce como iniciativa popular (más de 1 millón de firmas) y que se encuentra en una fase de estudio por parte de los diversos grupos parlamentarios", y que, como apoyo al mismo, se están ahora utilizando unos mecanismos que a juicio del sindicato denunciante inciden en unos presuntos delitos de amenazas y coacciones.