La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía va a eliminar "más de 650.000" expedientes judiciales antiguos y "carentes de valor" con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los tribunales de Andalucía.

Así lo ha comunicado este domingo la Consejería, que ha precisado que esta medida es fruto de un acuerdo adoptado por la Administración autonómica y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para llevar a cabo la "destrucción selectiva" de aquella documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.

En concreto, la primera destrucción masiva de documentos judiciales afectará a 350.000 procedimientos correspondientes a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90 ubicados en archivos judiciales de las ciudades de Málaga, Sevilla y Cádiz, así como en los juzgados de los municipios de Huércal-Overa (Almería), Arcos de la Frontera (Cádiz), Motril (Granada) y Coín (Málaga).

Tras destacar que el volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es "de tal magnitud que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos", la Consejería ha explicado que la eliminación de estos expedientes está gestionada por la Junta de Expurgo, un órgano puesto en marcha por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser destruida o conservada.

De esta manera, uno de los "criterios principales" en esta selección estriba en determinar el "interés judicial e histórico" de los documentos, para lo cual se contará con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, a la que Justicia le atribuye un "papel relevante" en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración, "esenciales" para determinar las muestras de cada tipo de expedientes que tienen acceso a los correspondientes archivos históricos provinciales, y, de esta forma, garantizar "la conservación de la documentación con valores históricos".

De igual modo, la Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que puedan recuperar aquellos documentos aportados en su día a los procesos que van a ser destruidos y cuyas referencias se han publicado ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Por una justicia "digital y sin papeles"

El objetivo de esta iniciativa, que está previsto que continúe a lo largo del año con otra segunda destrucción de 300.000 documentos más ya descritos por la Junta de Expurgo, es, según el departamento que dirige Emilio de Llera, liberar espacio en los archivos y tribunales y "profundizar" al mismo tiempo en el "proyecto de modernización" que, según la Consejería, viene impulsando la Junta para "potenciar la progresiva eliminación de papel en los procesos judiciales y avanzar en el camino hacia una Justicia digital".

Así, con esta finalidad se trabaja en la actualidad en el análisis de 2,2 millones de casos judiciales de toda la comunidad para seguir seleccionando documentación sin interés y proceder a su eliminación.

Por su parte, la Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidido por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.

Se trata de un órgano que determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales, o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

Por último, la Junta ha defendido que estas actuaciones en archivos judiciales van encaminadas también a "la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, haciendo posible el control y acceso a la documentación judicial hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico".