Instalar antenas, cables y aquello que impida apreciar un BIC supondrá una infracción en la nueva Ley de Patrimonio

Instalar antenas, cables y aquello que impida apreciar un BIC supondrá una infracción en la nueva Ley de Patrimonio

La instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones y todo aquello que menoscabe la aparición de un Bien de Interés Cultural (BIC) dentro de su entorno sin la perceptiva autorización constituirá una sanción, según el nuevo Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

La instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones y todo aquello que menoscabe la aparición de un Bien de Interés Cultural (BIC) dentro de su entorno sin la perceptiva autorización constituirá una sanción, según el nuevo Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Asimismo, el Proyecto de Ley, al que ha tenido acceso Europa Press, señala como una infracción la falta de comunicación por parte de los particulares de aquellos hechos que pongan en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural.

De otra parte, se considera infracción no cumplir el deber de conservación y mantenimiento de los bienes por parte de los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha o la denegación de acceso para el examen de un bien o de la información necesaria a efectos de velar por su conservación.

También se considera infracción la falta de comunicación a la Consejería competente de cualquier intervención, traslado, acto jurídico o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a los bienes inscritos en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Destrucción de bienes

Asimismo, será una infracción la destrucción o el desplazamiento, total o parcial, de un bien declarado Bien de Interés Patrimonial sin la preceptiva autorización; o el otorgamiento de licencias municipales contraviniendo lo dispuesto en esta Ley.

A ello se suma el otorgamiento de licencias municipales contraviniendo lo dispuesto en esta Ley o el incumplimiento de las obligaciones que se disponen en la misma, y el incumplimiento del deber de comunicación de un hallazgo casual de restos con valor histórico-cultural.

También será infracción la utilización de detectores de metales u otros dispositivos de naturaleza análoga en bienes inscritos en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, así como en los ámbitos de protección y prevención recogidos en los planeamientos generales sin autorización.

Finalmente, se considerará como infracción toda actuación que implique un daño irreparable en aquellos bienes que formen parte del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, o que causen daños por un valor superior a 60.000 euros en dichos bienes.

Aprobada por el consejo de gobierno

El pasado jueves, el consejo de Gobierno aprobó este Proyecto de Ley que, según el consejero de Educación, Cultura y Deportes "garantiza la conservación, protección y enriquecimiento del rico patrimonio cultural e histórico de nuestra región".

La Ley, que ahora será remitida a las Cortes para su tramitación parlamentaria, es "moderna, eficaz, operativa, segura y protectora", en opinión del titular de Educación, Cultura y Deportes.

Marín puso como ejemplo que la nueva normativa actualiza y renueva el concepto de patrimonio cultural, ampliando así el sentido del término, incluyendo el denominado "patrimonio inmaterial" en el sentido marcado por la UNESCO.

Como novedad, la nueva Ley propone la creación de dos nuevas clases de bienes con declaración de protección expresa, y a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) se suman la Declaración de Bien de Interés Patrimonial y la Declaración de Elemento de Interés Patrimonial.

Agilidad burocrática

El consejero destacó la "agilidad burocrática en la tramitación de estas declaraciones", y señaló que se gradúa la protección jurídica de los bienes y que la declaración será más rápida y requerirá menos trámites cuanto menor sea la protección propuesta.

Prevé igualmente la creación de nuevos órganos, como el Consejo Regional, que actuará como órgano consultivo, la Junta de Valoración como órgano asesor para valorar las figuras de protección que la Administración regional se proponga adquirir.

La normativa incluye un régimen sancionador y contempla que las infracciones leves se paguen con multas de hasta 6.000 euros, las graves hasta 150.000 y las muy graves hasta un millón de euros.

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