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El Ayuntamiento de Ayamonte retira el escudo franquista que lucía en la fachada de la antigua aduana

El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), gobernado por Antonio Rodríguez (PSOE), ha procedido este sábado a retirar el escudo preconstitucional que lucía en la fachada del antiguo edificio de la aduana, ubicado junto al embarcadero de la localidad, y que el Pleno municipal había acordado desinstalar ya en el año 2008, una decisión que, no obstante, no había podido materializar aún al no contar con un informe favorable de la Junta de Andalucía, que finalmente ha llegado.

El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), gobernado por Antonio Rodríguez (PSOE), ha procedido este sábado a retirar el escudo preconstitucional que lucía en la fachada del antiguo edificio de la aduana, ubicado junto al embarcadero de la localidad, y que el Pleno municipal había acordado desinstalar ya en el año 2008, una decisión que, no obstante, no había podido materializar aún al no contar con un informe favorable de la Junta de Andalucía, que finalmente ha llegado.

Así lo ha explicado a Europa Press el alcalde de Ayamonte, que ha precisado que el informe de la Consejería de Cultura era necesario por la antigüedad de este edificio, que data de principios del siglo XIX.

De esta manera, una vez que el departamento que dirige Luciano Alonso ha remitido dicho documento, que, en la práctica, autoriza la retirada del escudo, el Ayuntamiento ha organizado un acto público para llevarlo a cabo coincidiendo además con el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que se conmemora este domingo.

Según ha explicado el regidor, al acto han asistido representantes de los grupos municipales de PSOE e IU, así como antiguos represaliados por el franquismo, que han visto cómo "se hacía justicia" con una decisión que, ha subrayado, el Pleno municipal acordó en el año 2008 gracias a los votos de socialistas, andalucistas e IU, y al que no se sumó el PP.

Por ello, Rodríguez se ha felicitado por la retirada de este símbolo, porque, según ha subrayado, supone "dar cumplimiento a un acuerdo plenario", así como adelantarse a la Ley de Memoria Democrática que impulsa la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.

En este sentido, el primer edil ha defendido que con este tipo de iniciativas "no se busca reabrir viejas heridas ni fomentar el revanchismo", sino "hacer justicia".

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