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El PPdeG corrige la Ley de Universidades gallega y eleva la representación de los sindicatos en el Consello Social

Las universidades gallegas podrán "participar o crear empresas" de base tecnológica, parques científicos o cualquier otra figura legal

La futura Ley de Universidades ha iniciado su tramitación parlamentaria con el rechazo de la oposición, que ha pedido devolver el texto al Gobierno, pero los populares defienden que la normativa ha sido consensuada y ha incorporado el 70 por ciento de las alegaciones presentadas. Pese a ello, el PPdeG corrige a través de 35 enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el cambio de número de títulos, cuestiones técnicas de género y otras alteraciones como la numeración de capítulos y mueve párrafos de un apartado a otro de la ley.

Al margen de esto, y de incluir la totalidad artículo 97 de la ley, que la Xunta omitió por "un error" en el texto que envió al Parlamento, los populares también tocan aspectos de fondo y recogen, precisamente, una de las cuestiones que le reprocharon los grupos de la oposición. De esta forma, elevan la representación sindical en el Consello Social de las universidades gallegas, que un principio el Gobierno autonómico había limitado a únicamente dos representantes, por debajo de las organizaciones empresariales.

En el texto original, la Xunta otorgó dos puestos a los sindicatos en este órgano, pero ahora el PPdeG cambia este aspecto para que haya "un miembro designado por cada uno de los sindicatos más representativos en el territorio" de la Comunidad gallega.

La oposición había censurado que el Gobierno gallego duplicase la presencia de las empresas frente a la representación sindical en este foro, ya que desde el inicio otorgó "cuatro miembros que designarán las organizaciones empresariales más representativas de los sectores estratégicos de la economía gallega, en el área de influencia de la universidad".

La oposición quiere reducir la presencia empresarial

Frente a ello, los grupos de la oposición, en su respectivas enmiendas, recabadas por Europa Press, también inciden en este aspecto, pero además de para elevar a tres el número de miembros sindicales, proponen una reducción de la representación de las organizaciones empresariales, rebajándola al mismo número que la cifra sindical.

De esta manera, PSdeG, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y BNG registraron sendas enmiendas para que haya "tres representantes designados por los sindicatos más representativos" en Galicia; al tiempo que modifican el número de los correspondientes con empresas, igualándolo a tres.

A mayores, los socialistas proponen incluir en el Consello Social a un representante de la asociación de antiguos alumnos de la universidad, lo cual también hace el PPdeG en sus enmiendas, con lo que quedará aprobada esta incorporación durante el trámite parlamentario.

La xunta tendrá la última palabra en el reglamento

En todo caso, en el funcionamiento del consello social tendrá la última palabra el departamento autonómico encargado en la materia, en este caso, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

De esta manera, el PPdeG modifica el artículo 75 de la normativa y suprime la potestad del consello social para "aprobar y modificar" el reglamento. Concretamente, ahora tendrá que "elaborar" las normas de organización y funcionamiento y sus modificaciones, pero posteriormente tendrá que "elevarlas a la consellería competente en materia de universidades para su aprobación".

La universidad podrá crear empresas

La Ley de Universidades tiene como uno de los ejes fundamentales la transferencia del conocimiento para que ese valor creado en la universidad "retorne".

En esta línea, el punto dos del artículo 110 del proyecto de ley remitido al Parlamento señala que para potenciar la transferencia de conocimiento, es "necesario que la investigación se oriente desde su origen a la satisfacción de necesidades reales de la sociedad civil y de los sectores económicos", por lo que debe "facilitarse el contacto con los agentes que representan la sociedad y la economía", párrafo que Alternativa pide suprimir y el PSdeG propone modificar.

Asimismo, el proyecto legislativo indica, en un tercer punto, que las universidades deberán "garantizar el apoyo técnico, jurídico y de gestión" para hacer posible la transferencia de tecnología y de conocimiento. Los populares dan un paso más en la transferencia de conocimiento y, para "garantizar la vinculación entre la investigación y el sistema productivo", incluyen una enmienda para añadir un cuarto punto en esta materia.

A través de él, se dará la posibilidad a las universidades de "crear o participar en la creación de empresas de base tecnológica, parques científicos y tecnológicos, otros agentes de conocimiento o cualquier otras personas jurídicas que se encuentren en la legislación vigente".

En un comunicado remitido este sábado, el portavoz popular de Educación, Román Rodríguez, ha defendido que las enmiendas de su grupo buscan "reforzar la transferencia de conocimiento a los sectores productivos", apoyando el emprendimiento de los titulados mediante la participación o la creación de empresas en base tecnológica, parques científicos o tecnológicos".

"Consideramos esta acción de la máxima importancia con el objetivo de incrementar la interrelación entre el conocimiento universitario y los sectores productivos, a la vez que se presenta como una buena estrategia de fomento del empleo y la innovación productiva", ha esgrimido Rodríguez.

Becas y plazos

En el apartado de ayudas y becas, los populares también introducen un nuevo matiz a la redacción original de la Xunta, en la que relata la existencia de convocatorias de subvenciones a nivel estatal, autonómico y universitario, que tienen incompatibilidades.

Así, el PPdeG incluye un cuarto punto que dice que "en todo caso, la consellería (...) coordinará las líneas, ayudas y becas destinadas a los estudiantes del Sistema Universitario de Galicia, con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades". Los populares, a través de sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, también establecen los plazos para el desarrollo de aspectos de la ley, a través de las disposiciones transitorias que incluye la normativa.

Así, habrá un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la normativa para llevarse a cabo las adaptaciones precisas en cuanto a la composición del Consello Galego de Universidades, mientras que habrá un año para que los consellos sociales de las universidades eleven su propuesta de reglamento al departamento autonómico.

Además, la creación del Consorcio Interuniversitario Galego tendrá de plazo un año para su constitución y elaboración de los estatutos que determinarán sus fines, régimen orgánico, funcional y financiero, para su puesta en funcionamiento. Precisamente, este Consorcio, que tiene como objetivo la coordinación entre las tres universidades es una de las principales novedades de esta normativa y tiene como objetivo la consecución de "fines comunes".

Entre otras funciones, se encuentran acordar las acciones necesarias en el caso de titulaciones que sean impartidas de forma conjunta por más de una universidad del SUG; gestionar de forma coordinada las políticas de inserción laboral de las universidades consorciadas; y participar en los procedimientos de acceso y admisión de estudiantes.

El gallego,

Lengua vehicular

Los grupos de la oposición han presentado un total de 221 enmiendas, de las cuales, 131 fueron registradas por el PSdeG; 56, por Alternativa Galega de Esquerda; y 34, por el BNG.

Entre ellas, y como ya adelantaron los portavoces en el debate parlamentario en que el texto legislativo entró a trámite, existe la coincidencia de buscar que la lengua gallega sea "vehicular" en la enseñanza universitaria. Así, PSdeG, AGE y BNG enmiendan el artículo dos para incluir ese matiz.

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