El vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, ha señalado este sábado que si el Gobierno central decide recurrir el decreto de la función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, se pondrá "frente a los ciudadanos", después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara este viernes que los ministerios de Justicia y Fomento analizarán de forma "exhaustiva" la constitucionalidad de la medida.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la sede del PSOE de Ayamonte (Huelva), Jiménez ha insistido en que si el Gobierno decide recurrir el decreto "se podrá frente al conjunto de la ciudadanía española", y ha recordado que una encuesta realizada al respecto "señala que el 85 por ciento de los españoles respaldan esta medida".

A su vez, ha advertido al Gobierno de que cuando ha recurrido otros decretos, como el decreto de la reforma agraria y expropiación de usos o el del complemento a las pensiones, el Tribunal Constitucional "dio la razón por goleada" a la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz, a su juicio, "ha dado un paso de gigante contra otra lacra, como es la pérdida de la vivienda", a lo que ha añadido que "solo en Andalucía ha habido un gobierno valiente y sensible que ha sido capaz de dar un paso parar ponerse del lado de los ciudadanos y evitar que esto siga ocurriendo".

Por ello, ha lamentado que este viernes en el Consejo de Gobierno en vez de respaldar esta medida, que "no busca confrontación sino ser compartida con todos los territorios", Andalucía se ha encontrado con "la agresión, el ataque y la desconsideración por el hecho de que gobierna la izquierda" en el territorio andaluz.

Por último, ha destacado "el caos absoluto existente en el PP" después de que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, dijera que la formación andaluza "no contempla cuestionar la legalidad de la norma y que, bajo ningún concepto, se planteaba nada que no fuera enmendar para mejorar la norma", y una hora después Sáenz de Santa María dijera que el Gobierno "duda de la legalidad del proyecto".