El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, aboga por obligar a administraciones locales, provinciales y autonómicas a elaborar planes de Gestión de Riesgos de Corrupción e Infracciones conexas, siguiendo el modelo pionero implantado en Portugal en 2008 a raíz de las recomendaciones que el Parlamento Europeo hace desde los años 90 "ante la urgencia de este tema".

Varela ha avanzado en una conferencia en Ourense parte de las propuestas que planteará ante la comisión parlamentaria de estudio de la corrupción en Galicia, constituida el viernes día 12 y que ya cuenta con un listado de personas invitadas para presentar medidas frente a la corrupción, entre las que se encuentra él, según dijo a Europa Press.

El fiscal gallego, natural de la comarca de O Carballiño, impartió luego una conferencia incluida en el programa de actos de la asociación "Amigos da República" que terminará el domingo día 14 de abril con un homenaje ante la fosa común situada en el cementerio histórico de San Francisco.

Según ha explicado, la Administración local es la más afectada por la corrupción y esto afecta "gravemente a la percepción que tienen los ciudadanos de las instituciones y explica el declive de confianza en ellas y el desencanto con los políticos, de unos ciudadanos cada vez más instruidos y más críticos".

Modelo pionero portugués

Según Varela, el Tribunal de Contas luso pidió en 2008 la creación del Consello de Prevención de la Corrupción y abogó por implantar en Galicia algo semejante. "Y así lo explicaré en la comisión gallega donde se hablará de medidas para combatir la corrupción, pero yo haré incidencia sobre todo en su prevención", ha subrayado.

En Portugal, sobre el organigrama de servicios públicos locales o más amplios, se identificó en cada área la serie de riesgos reales, se elaboraron códigos de conducta y personas no burócratas encargadas de gestionarlos "y en 90 días el consejo creado recibió más de mil planes de gestión de riesgos de corrupción e infracciones conexas en los que se analiza la situación y formas de prevenirla".

Ha abogado por crear en Galicia un organismo semejante "atento a los sucesos de corrupción y que pueda neutralizarlos cuando aparezcan". Al tiempo, ha subrayado que, "en vista de la actual crisis y para no aumentar la burocracia y los costes, se podría aprovechar el propio Consello de Contas de Galicia que ya es conocedor de estos riesgos de corrupción".

Para el fiscal, el actual contexto deja claro que no es suficiente "tener unas leyes perfectas", como ocurre en España, sino que es necesario implementarlas con mecanismos de control concretos y eficaces.

Dos tipos de corrupción en galicia

La definición penal de corrupción es abuso de funciones por parte de personas electas, funcionarios o particulares mediante promesas y ventajas. Por ello, Varela ha subrayado que es una actuación "calculada" pues se basa en un intercambio "ilícito" en el que coste y provecho es conocido por ambas partes.

Según el fiscal, el ordenamiento jurídico español tiene un amplio abanico de tipificaciones para los delitos relacionados y el problema no está en una insuficiencia del marco legal ni en que falten mecanismos de control, "sino en su falta de efectividad pues se resta importancia al control y las advertencias no son vinculantes ni tienen sanciones efectivas".

La corrupción parece una epidemia que afecta alas administraciones públicas y en el caso de Galicia, sobre todo a las locales, donde se combina una corrupción "de mercado" con otra "parroquial".

Varela ha explicado la primera como la que exige contraprestaciones inmediatas con precio en dinero mientras que la segunda cuenta con un tiempo mayor para la contraprestación y se refiere a la actividad corrupta por relación de proximidad en respuesta a las rigideces del sistema, y se encarna en el cacique, como mediador y conseguidor de favores para amigos, afines y protegidos.

MEMORIA

El fiscal ha hecho hincapié en que, en Galicia, la memoria anual de la Fiscalía, incorporó por primera vez en el año 2012 un apartado específico para los delitos de corrupción pues los datos indican que los delitos asociados incoados en procedimientos judiciales aumentaron en un 22,58 por ciento respecto al año anterior.

El total de delitos de corrupción investigados judicialmente fueron 152 en el año 2012 de los que el mayor número fue del tipo "prevaricación administrativa", seguido de "malversación de fondos públicos", "cohecho o soborno" y "blanqueo de capitales", seguidos de lejos de otros tipos.