Economía da por cerrada la nueva ley antidesahucios. Según el Ministerio, el borrador de la ley sobre la reforma hipotecaria y los desahucios presentado por el PP al resto de partidos es un texto "equilibrado", que ofrece una solución "rápida y fácil" para reestructurar deudas y que ya ha tenido en cuenta las enmiendas de los grupos parlamentarios a la hora de mejorar la legislación.

Prácticamente todos los grupos de la oposición han pedido una norma que permita reestructurar deudas y, llegado el caso, realizar quitas con el objetivo de que las personas excesivamente endeudadas puedan salir adelante, lo que se conoce como segunda oportunidad.  Desde el Gobierno creen que una ley así implicaría procedimientos administrativos complicados y la creación de una comisión que podría introducir ineficiencias en el proceso.

Para abordar este asunto, el último borrador introduce como novedad quitas de deuda en el caso de viviendas habituales ya adjudicadas, que podrán aplicarse de forma retroactiva a personas con deudas pendientes.

Tras las primeras enmiendas, el PP estableció un sistema de quitas en el caso de que el deudor pague el 65% del dinero pendiente antes del quinto año o el 80% en el décimo año desde la adjudicación de la vivienda en la subasta.

Si se cumplen estas circunstancias, se condona el resto de la deuda, es decir, el 35% o del 20%, posibilidad que el último texto presentado extiende a todos aquellos que tienen deudas hipotecarias vivas tras la adjudicación de su vivienda cuando entre en vigor la ley.

Desde Economía recuerdan, además, que este proceso supone "un techo de deuda" establecido por ley que no impide a la entidad financiera y el deudor pactar quitas mayores.

En cuanto a la posibilidad de crear sistemas concursales como los existentes para las empresas, otra de las demandas que se han hecho desde distintos ámbitos, las fuentes consultadas señalan que resultarían inadecuados para particulares, ya que habitualmente sólo hay un acreedor, la entidad bancaria.

Se ha descartado introducir la dación en pago generalizada y retroactiva en la nueva legislación al considerar que incrementaría la morosidad, tal y como ocurrió en Irlanda -donde pasó del 3% al 30%-, y pondría en riesgo el conjunto del sistema financiero, explican las mismas fuentes.

Asimismo, recuerdan que la dación ya existe en España si las partes lo acuerdan y, para los colectivos más vulnerables, se ha regulado en el código de buenas prácticas bancarias, un texto de obligado cumplimiento una vez que la entidad financiera decide adherirse a él.

Desde el Ministerio insisten en que hay que tener presente que "es de justicia devolver los préstamos" y consideran fundamental que la normativa no incentive al deudor cumplidor, que en España son más del 90% de las familias con hipoteca, a cuestionarse por qué paga.

Por otro lado, el borrador incorpora como novedad el orden en que deben hacerse los pagos. A partir de ahora primero se pagarán los intereses remuneratorios y a continuación, por este orden, el principal del crédito (que suele ser el montante más elevado), los intereses de demora y las costas del proceso, lo que permitirá al deudor reducir efectivamente el montante del crédito que genera nuevos intereses.

También se han introducido cambios en los procesos de subasta con el objetivo de abrir este mercado a terceros y favorecer que el valor de adjudicación de la vivienda del deudor aumente y, en el último texto, se han introducido más límites a los tipos de interés de demora, que desde ahora sólo devengarán del principal del crédito en vez de sobre el conjunto de las deudas.

La nueva normativa, que este mismo viernes ha recibido nuevas enmiendas de los grupos parlamentarios, podría entrar en vigor a finales de abril o principios de mayo, según las mismas fuentes.

Este mismo viernes, el PSOE presentaba en el Congreso de los Diputados una enmienda para introducir en la ley algunas medidas del decreto de vivienda de la Junta de Andalucía, como la expropiación temporal de pisos de bancos para evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social.

La enmienda prevé que la cobertura de las necesidades de vivienda de los ciudadanos se declare "interés social", previendo la posibilidad de expropiar el uso de la vivienda por un plazo máximo de tres años, cuando la propiedad sea de una entidad financiera, filial inmobiliaria o entidad de gestión de activos.

Economía y Competitividad también considera que el decreto de la Junta de Andalucía para frenar los desahucios es ineficaz y no aborda los problemas de las personas en una situación de sobreendeudamiento, señalan fuentes del departamento de Luis de Guindos.

Según Economía, el decreto de la Junta andaluza, que establece la posibilidad de expropiar viviendas vacías propiedad de bancos e implanta un procedimiento "de complejidad extraordinaria", contiene "un blindaje a sí mismo", ya que supedita las expropiaciones a la disponibilidad presupuestaria.  Dada la complicada situación económica va a ser muy difícil que Andalucía cuente con recursos suficientes para abordar esas expropiaciones, explican.

En el Ministerio creen que "se quiere hacer oposición" aprobando normas desde un Parlamento autonómico mientras el Congreso tramita una ley que aborda el mismo asunto.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha minimizado este viernes la efectividad del texto de la Junta argumentando que el Gobierno central ya aprobó un decreto ley que establece la paralización de los lanzamientos de las personas en riesgo de exclusión social durante dos años.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha defendido así que la normativa estatal ya frena durante esos dos años los desahucios. Ha señalado que los gobiernos no están "para el titular sino para hacer medidas efectivas" y no para hacer anuncios y ha indicado, además, que los ministerios de Justicia y Fomento analizan de forma "exhaustiva" la constitucionalidad de la medida.