El Gobierno ha aprobado este viernes incorporar a la legislación española los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre la honorabilidad de los cargos en las entidades financieras, por lo que deja en manos del Banco de España el futuro de Alfredo Sáenz como consejero delegado del Banco Santander.

Según los cambios aprobados por el Consejo de Ministros, ahora será el Banco de España el que determinará la honorabilidad de un banquero o miembro de un consejo de administración de una entidad financiera.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se refuerzan los requisitos de experiencia y profesionalidad, al tiempo que se amplían las competencias del Banco de España.

Esto se traduce en que el supervisor será quien tenga la última palabra para decidir si un banquero como Alfredo Sáenz, a pesar de haber sido condenado, puede seguir ejerciendo su cargo por los méritos de su currículum. Sáenz fue indultado por el anterior Gobierno, pero el Tribunal Supremo anuló en febrero parte de ese indulto.

Ésta es una de las modificaciones que el Ministerio de Economía incluyó en el proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversos reales decretos en materia de requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito.

El texto fue presentado en enero y sometido a consulta pública hasta el 7 de febrero. El Ejecutivo estimaba aprobar el decreto en Consejo de Ministros en marzo.

La norma aprobada afecta por igual a bancos, cajas de ahorros, cooperativas, conglomerados financieros, tasadoras, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico. Por parte del Banco de España y de las propias entidades se establecerá un control continuo sobre el cumplimiento de estos requisitos y en caso de no darse, se abriría un plazo de seis meses para sustituir a los consejeros o directivos.

Por otro lado, el real decreto realiza el ajuste formal necesario en la regulación tras el traslado al Banco de España de las competencias de autorización y sanción de entidades de crédito. Esta transferencia por parte del Ministerio de Economía se realizó en agosto del año pasado para dar cumplimiento al compromiso reflejado en el acuerdo suscrito con los socios europeos para recibir la ayuda para la banca española.