Cuatro familias de Jerez de la Frontera (Cádiz), las de Francisco Javier Armida, María Dolores Bermejo, Lorenzo Barba y Marco Vega, van a ser las primeras beneficiarias del decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía que ha entrado en vigor este viernes.

Estas familias han sido las primeras en acudir a la Oficina contra los Desahucios para presentar la solicitud para el inicio del expediente de expropiación del uso de las viviendas que les han embargado. Ahora tendrán que comprobar que cumplen el requisito primero, que su desalojo suponga un "riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

Lorenzo Barba, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Jerez y uno de los beneficiarios, cuenta a 20minutos.es que el decreto que este viernes ha entrado en vigor supone para su familia "una segunda oportunidad" porque le permite "empezar a vivir de nuevo".

Barba, su mujer y su hijo de 7 años estaban a punto de ser desalojados por no poder hacer frente al pago de su piso.  "Eramos autónomos, la desgracia de este país, llevamos dos años sin cobrar nada, intentando sacar de allí y de aquí, sobre todo para alimentar a nuestro niño de siete años", explica visiblemente alegre por la aprobación del decreto.

La familia de Barba solo ingresa, y desde hace tres meses, una ayuda de 120 euros al mes para comida. El banco ha sacado a subasta su piso y se lo ha quedado por 75.000 euros. Ahora denuncia que, a pesar de que debía al banco 67.000 y el saldo es a su favor, todavía mantiene una deuda por los intereses de 6.000 euros. Ahora está peleando por su condonación.

Barba asegura hay 392 familias en sus situación en su municipio y en los de alrededor. Sobre el decreto autonómico, dice que es "una batalla ganada de la guerra contra los deshaucios" y espera que haga reflexionar al Gobierno central para que se dé cuenta de que "hay que dar más ayudas a la vivienda".

A partir de este momento, explica, la Junta va a pagar un 2% del valor de la vivienda al banco durante los próximos tres años. Él tendría que pagar el 25% de sus rentas a la Junta, pero al tener cero ingresos necesita alcanzar un acuerdo. Está dispuesto a hacer "lo que sea" por conseguir que le dejen quedarse en el piso. "Ya veré de donde saco 70 u 80 euros para que mi hijo pueda quedarse en su casa, con su gente, en su entorno", explica.

Otra de las familias beneficiarias es la de María Dolores Bermejo y su hija de 12 años, que el pasado lunes se libraron de tener que abandonar su hogar después de que la plataforma 'Stop Desahucios' se personase en el juzgado y lograra paralizar la orden de desalojo de su vivienda, situada en la barriada de La Vid del municipio gaditano.

Bermejo explicó ese día que percibe sólo una ayuda pública de 400 euros, lo que le impide hacer frente al abono de la cuota hipotecaria, que ha cifrado en unos 600 euros. Además, Bermejo ha asegurado que su ex marido no le está transfiriendo cantidad alguna por la manutención de la hija de ambos.

El decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes ha entrado en vigor este viernes tras ser publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".

El delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas, explicó en rueda de prensa que la Junta iniciará de inmediato los trámites para la expropiación del uso de las viviendas -tasación y justiprecio-, tras comprobar que cumplen los requisitos. Mientras, quedará suspendidas las órdenes de desahucio que puedan pender sobre estas familias. Cárdenas se felicitó de ver las caras alegres de los cuatro beneficiarios, que contrastan, dijo, "con la lipotimia que padeció María Dolores Bermejo el día que le iban a desahuciar".